El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba se ubica entre los cuatro peores de las 20 jurisdicciones analizadas a nivel nacional, en un ranking de eficacia politico-criminal. El dato surge de un informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
El estudio busca determinar qué porcentaje de las causas que ingresan a los MPF recibe algún tipo de respuesta de calidad para los ciudadanos; y qué porcentual de las causas que acceden a las fiscalías recibe alguna respuesta que incida, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad.
Según el ranking confeccionado por el Inecip, basado en datos recolectados en 2019 (se tomó ese año para que los datos no se vieran distorsionados por el contexto excepcional que implicó la pandemia de Covid-19), el MPF de Córdoba se ubicó en el puesto 16º en lo que se refiere a la eficacia político-criminal, sobre un total de 20 jurisdicciones que fueron relevadas.
Para medir la tasa básica de esa eficacia, el Inecip analizó las condenas impuestas, las suspensiones condicionales del proceso y los acuerdos reparatorios establecidos por los ministerios públicos, entendiendo que los sectores victimizados han recibido alguna compensación -en sentido amplio- por los daños sufridos.
El estudio refleja que, durante el año de análisis ingresaron a las fiscalías de Instrucción de Córdoba 60.376 causas, de las cuales sólo 1.063 llegaron a condena (1,76%). A esto hay que sumar los procesos que terminaron en la suspensión de juicio a prueba o en acuerdos reparatorios, cuyo porcentaje fue realmente bajo.
Si bien estas modalidades han sido pensadas para dar una respuesta eficaz a la ciudadanía, solo 286 causas concluyeron mediante alguno de estos métodos alternativos de resolución de conflictos (0,47 %). De esta manera, el porcentaje de eficacia político-criminal para Córdoba se ubicó en 2,23%.
En el caso del MPF de Entre Ríos, primero en el ranking de eficacia, se observa que, de un total de 82.254 expedientes, se alcanzaron 4.840 acuerdos reparatorios, lo que implica que se impuso algún tipo de sanción o se dio una respuesta judicial en 5,88% de las causas ingresadas. A ello hay que sumarle los procesos de suspensión de juicio a prueba, que se concretaron en 183 causas, 1,53% del total. Las condenas, en tanto, representaron 1,80% de los expedientes. Así, el porcentaje de eficacia político-criminal alcanzó el 9,17%.
Las fiscalías no logran controlar el crimen
El estudio del Inecip concluye que los MPF argentinos no están siendo eficaces en el cumplimiento de sus funciones más básicas. Éstas son, en primer lugar, darle una respuesta de calidad básica a la mayor cantidad posible de conflictos que ingresen al sistema penal y, además, lograr respuestas que tengan algún tipo de incidencia político-criminal.
“Esa ineficacia implica que las fiscalías no están gestionando adecuadamente los intereses de las víctimas ni logrando incidir sobre el control de la criminalidad”, destacó el estudio.
Por otra parte, el Inecip destacó lo dificultoso que se torna conseguir información pública sobre los MPF de todo el país. Tanto es así, que Catamarca, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán no aportaron datos.
