La cámara Décima del crimen condenó ayer a los responsables por la estafa en la venta de terrenos en Villa Cuesta Blanca, en el valle de Punilla. Los condenados fueron el ex presidente del Colegio de Escribanos, Luis Gustavo Cabido, que además fue inhabilitado por tres años; Osvaldo Barrera, Alberto Somoza, y Aldo Cucanja. De ellos, tres fueron condenados a tres años de cárcel condicional y el restante a dos años de cárcel en suspenso. Esta pena se debió a que los imputados han reparado el daño a las víctimas por haberles vendido lotes en la zona de villa Cuesta Blanca, que ya estaban vendidos.
El fiscal Gustavo Arocena, quien llevó adelante la acusación dijo que se trató de “un importante juicio” en contra de estos cuatro imputados a quienes se les reprochaba una gran cantidad de hechos de estafa. La dinámica del delito consistía en que Cucanja y Somoza, integrando una determinada sociedad comercial (Cuesta Blanca S.A.), confabulados con el escribano Luis Gustavo Cabido, dispusieron bastantes maniobras contra la propiedad y contra la fe pública. Básicamente, la actividad consistía en poner a la venta diversos lotes de terrenos en Villa Cuesta Blanca, que pertenecían a esa firma, pero que ya no eran de propiedad porque habían sido subastados en un juzgado de lo civil y comercial. Así, vendían terrenos que ya habían sido adjudicados en subasta judicial, conociendo esa situación.
“Hemos logrado que la cámara dicte una sentencia de condena hacia los cuatro imputados y hemos logrado algo destacable y es la reparación total del perjuicio, que se efectuó actualizando el monto correspondiente que se elevaba a un total de $ 5.479573”, Arocena tras el fallo.
En otro hecho, el fiscal Enrique Gavier cerró la investigación de la causa “Estancia Santa Lucía” y envió a juicio a ocho acusados por asociación ilícita por estafar con la venta de terrenos. Entre los imputados se encuentran Luis Raúl Bizzocchi, Gonzalo Argarate, Orlando Conti, Alejandro Pedrosa, Marcelo Nasif, Ricardo Gustavo Bizzocchi, Rodrigo Hoyos Gijón y Omar Llamil Badrán. Al parecer, el emprendimiento se trazó en una porción de tierras que no les pertenecía, con la intención de vender parcelas a precios elevados.
Gavier atribuye a algunos de los acusados roles específicos dentro de la asociación ilícita. La investigación se inició tras denuncias del Registro General de la Propiedad y se vincula con otros casos de presuntas estafas inmobiliarias en la región. El caso, que involucra a figuras destacadas, muestra una trama de irregularidades en el desarrollo inmobiliario.
