El dirigente peronista Guillermo Kraisman irá a juicio oral por dos causas judiciales luego de que la Justicia rechazara su pedido para suspender los procesos en su contra. El fiscal de Cámara Fernando López Villagra desestimó la propuesta de probation y reparación económica que había presentado la defensa del dirigente, lo que implica que el expediente avanzará hacia el juicio oral y público.
La decisión representa un revés judicial para Kraisman, quien había intentado frenar los procesos ofreciendo una compensación económica.
A mediados de diciembre del año pasado, el ex legislador, de 61 años, propuso pagar $2 millones y realizar tareas comunitarias para suspender los juicios vinculados a dos causas que generaron fuerte repercusión pública: el escándalo de la “empleada fantasma” en la Legislatura de Córdoba y el episodio del robo de fiambres en un supermercado.
Tras conocerse la decisión, el abogado defensor Diego Casado adelantó que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Según indicó a Radio Mitre Córdoba, buscarán revertir la decisión judicial ante lo que consideran posibles “indicios de arbitrariedad por parte de la fiscalía”.
Uno de los hechos que lo llevaron a prisión ocurrió en septiembre de 2024. Según el parte policial, Kraisman fue detenido en el supermercado Mariano Max, de avenida Vélez Sarsfield, en barrio Ampliación San Fernando.
Intentó salir del local sin pagar varios productos: un blíster de bondiola, otro de jamón crudo, un pote de mermelada y un frasco de cerezas. Cuando los guardias y la policía lo interceptaron, reaccionó con violencia y arrojó el frasco contra los agentes.
La otra causa que enfrenta es por tentativa de defraudación contra la administración pública. El dirigente fue arrestado en enero, in fraganti, en un Banco de Córdoba de barrio General Paz, junto a Luciana Castro, empleada municipal.
Según la investigación, intentó cobrar dinero con un DNI falso a nombre de Virginia Martínez, la mujer que figura como “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba. Martínez, por su parte, fue acusada de falso testimonio agravado.
Durante el proceso, Kraisman llegó a pedir declarar como “arrepentido”, pero finalmente desistió.
