La Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la implementación de un habeas corpus correctivo a favor de cinco reclusos de la cárcel de Bouwer, debido a las condiciones extremas de hacinamiento y trato inhumano que padecen. Los internos, identificados como Claudio Ariel Tejeda, Cristian Ramón Chávez, Manuel Alejandro Benítez, Héctor Fabián Ormeño y Rodolfo Humberto Gómez, viven en celdas diseñadas para una sola persona, pero actualmente albergan hasta cinco reclusos en un ambiente insalubre.
En una nota para la Voz del Interior, el defensor público oficial, Jorge Perano advirtió que las futuras obras en el penal “no aliviarán la sobrepoblación”. “Cuando habiliten esos módulos para 900 personas, no se va a descomprimir porque también se van a superpoblar”, remarcó Perano.
El Ministerio de Justicia, tras conocer el fallo, está evaluando solicitar al gobierno nacional el traslado de los 263 presos federales que actualmente se encuentran en cárceles provinciales.
“Hasta este año pagaban $375 por interno por día, y se subió a $2.000, mientras que el costo por cada interno es alrededor de $22.000 por día”, explicaron fuentes del Ministerio. Además, la provincia criticó la falta de inversiones en cárceles federales locales, mientras se inauguran nuevos penales en otras regiones.
El hacinamiento en Bouwer, genera condiciones insalubres y peligrosas. El camarista Hornos detalló que los presos “se turnan para dormir “por la humedad que hay en el piso” y “duermen debajo de la mesa y con los pies debajo de la cucheta porque no hay espacio en la celda”.
Por otro lado, Perano destacó que la responsabilidad de las condiciones carcelarias recae sobre el Poder Judicial. “Esta situación es responsabilidad del Poder Judicial, que sigue encerrando gente, sin interesarse por las condiciones de alojamiento”, indicó el defensor.
Además, el hacinamiento no solo afecta la calidad de vida de los reclusos, sino que también pone en riesgo la seguridad dentro de las prisiones, aumentando la violencia entre los internos y con el personal.
Como alternativa a la excarcelación de los detenidos, Perano propuso medidas como la prisión domiciliaria o el uso de tobilleras electrónicas, una posibilidad debatida en la Legislatura para reducir la población carcelaria y mejorar las condiciones en los penales de la ciudad.
