El condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado, actualmente preso en el penal federal de Ezeiza, a quien el Gobierno nacional le restringió las comunicaciones desde el complejo penitenciario, afronta una nueva causa penal. Los fiscales provinciales de Santa Fe Marisol Fabbro y Miguel Moreno impulsaron 43 allanamientos, de los cuales cuatro se llevaron a cabo en nuestra ciudad y el resto en el Gran Rosario, en busca de una estructura que realizaría maniobras de lavado de activos bajo directivas del recluso.
En el marco de los operativos, la Policía de Investigaciones (PDI) del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe detuvo a siete personas: cinco investigados en la causa y los dos restantes, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Asimismo, secuestraron $ 6.077.000, US$ 139.200, 40 celulares, dos autos, un utilitario, dos motos, cuatro armas de fuego, una pistola de réplica, un rifle de aire comprimido y municiones de distintos calibres.
La metodología delictiva consistía en recibir autos provenientes de ilícitos y, mediante documentación apócrifa, introducirlos al mercado legal. “Había vehículos provenientes de ilícitos que, a través de documentación apócrifa, los trasladaban a esta ciudad u otros lugares y los metían en el mercado”, añadió Natalio Marciani, director provincial de la PDI. Y detalló: “Hay galpones y cocheras que estamos allanando donde se ‘enfriaban’ hasta que nadie supiera de los coches”.
“Trabajamos en conjunto con la Policía de Córdoba en cuatro allanamientos, en los cuales secuestramos material de suma importancia para esta causa”, indicó Marciani. Los allanamientos en nuestra ciudad tuvieron lugar luego de que se detectara que algunos de los vehículos de alta gama robados y vueltos a comercializar con papeles apócrifos eran de origen cordobés.
El megaoperativo tiene lugar después de que Alvarado fuera mencionado en la audiencia imputativa por los atentados y crímenes considerados “narcoterroristas” ocurridos en marzo pasado en Rosario. El dato de que Alvarado podría tener vinculación con los hechos surgió por la declaración informativa del menor no punible que, según los fiscales, ejecutó el crimen del taxista Héctor Raúl Figueroa (5 de marzo) y del playero Bruno Bussanich (10 de marzo). El adolescente de 15 años fue quien aseguró que, a través de un tercero, recibió una videollamada de un preso alojado en una cárcel federal, quien dio las directivas para cometer el homicidio en la estación de servicio Puma.
