El fiscal general Adolfo Villate y el auxiliar fiscal Juan Patricio Murray, de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en Rosario, le solicitaron al Tribunal Oral Federal número dos de esa ciudad que ejecute la sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó la prisión domiciliaria concedida al ex militar de inteligencia Héctor Fructuoso Funes, y se ordene su detención en un instituto del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El coronel Funes se desempeñaba como jefe de Inteligencia del Comando del Cuerpo II del Ejército. En la madrugada del 8 de octubre de 1984, robó del Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario, expedientes y material probatorio vinculado a crímenes de lesa humanidad perpetrados en esa jurisdicción, que comprometían la responsabilidad de sus camaradas.
Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la operación en cuestión, que fue presentada en documentación secreta del Ejército como una acción de inteligencia, fue concretada durante la vigencia del Estado de derecho, pocos días después de que la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) concluyera su labor de relevamiento en todo el país y, en ese contexto, hubiera aportado profusos elementos de prueba y sugerido medidas probatorias en las investigaciones que se estaban desarrollando en el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario en la causa N°6/84, caratulada “Feced, Agustín y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad, Homicidios y otros”.
Entre el material robado había armamento y municiones, carpetas y documentación -incluidas fotografías, fichas dactiloscópicas y unos cien casetes de audio- con datos de diferentes personas, tanto víctimas como posibles imputados. También había «organigramas de supuestos grupos de represión ilegal con precisiones de personas componentes de los mismos, con nombres y apodos que utilizaban para designar a personas integrantes de grupos ilegales de represión; designación de lugares donde se habrían realizado operativos durante la dictadura militar y tareas asignadas a los miembros del grupo; gran cantidad de carpetas de diferentes personas en cuyos domicilios presuntamente se habrían efectuado operativos» y otros elementos, como sellos, una máquina de escribir, ficheros y vajilla, todos secuestrados en allanamientos practicados en la investigación de los crímenes.
El 15 de marzo pasado, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, el titular del Juzgado Federal número tres de Rosario, Carlos Vera Barros elevó a juicio la investigación contra el entonces segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121, Luis Américo Muñoz, y Funes, a quien se le imputa, en carácter de autor mediato, los delitos de privación ilegítima de la libertad en tres casos (que tuvieron como víctimas a los policías que realizaban la guardia de la sede de los tribunales provinciales), dos hechos de robo calificado, supresión de medios de prueba y supresión de documentos públicos.
Oportunamente, el Juzgado Federal número tres rosarino dispuso la prisión domiciliaria de Funes, que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Ante ello, el 24 de mayo pasado, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción recurrió el decisorio por considerar que “la detención domiciliaria de Funes no resulta imprescindible ni necesaria a los fines de resguardar su derecho a la salud y pone en riesgo la investigación y la realización del juicio, pues al tratarse de una medida menos restrictiva que la detención carcelaria, le permitiría fugarse o entorpecer la investigación.”
Así, el 29 de agosto, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la presentación de los representantes del Ministerio Público Fiscal y revocó la prisión domiciliaria concedida al ex militar de inteligencia.
