El caso del fentanilo adulterado, que ya provocó cerca de un centenar de muertes en Argentina, escaló en las últimas horas a nivel judicial y político. El Gobierno nacional anunció que recurrirá al juez Ernesto Kreplak si no se ordena la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, señalado como responsable de la producción y distribución de las dosis contaminadas.
El episodio generó además un fuerte cuestionamiento por un posible conflicto de intereses, ya que el magistrado es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. A esto se suma que HLB Pharma no habría sido inspeccionado por la ANMAT desde 2020 y enfrenta acusaciones por evasión tributaria, uso de documentación falsa y enriquecimiento ilícito gracias a presuntas conexiones políticas.
Según el Gobierno, la clausura del laboratorio y el retiro del lote de fentanilo adulterado fueron medidas clave para evitar “potencialmente cientos de miles de muertes”. El ministro de Salud, Mario Lugones, encabezó el operativo de incautación, mientras se avanza con investigaciones por corrupción que podrían involucrar a funcionarios y empresarios del sector farmacéutico.
En Córdoba, el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer, confirmó que desde el primer momento se activaron protocolos para retirar y aislar el lote identificado por la ANMAT. “Se instruyó a todas farmacias y hospitales públicos y privados a que segregaran de cada uno de los espacios el lote de fentanilo que estaba informado por la ANMAT”, afirmó.
El funcionario detalló que “ese mismo 9 (de mayo) el fentanilo fue separado y puesto en cuarentena” y que la medida no se limitó a la droga en cuestión. “Desde el 9 de mayo hasta hoy, cada una de las instituciones y la Dirección de farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, y cada una de las farmacias y los hospitales públicos y privados de Córdoba tiene a resguardo y en custodia todos los medicamentos de HLB Pharma, eso incluye fentanilo y todas las demás drogas”, enfatizó Pieckenstainer.
Mientras la justicia define si avanza con la detención de García Furfaro, crece la presión política para esclarecer cómo un laboratorio pudo operar durante años sin inspecciones y distribuir un fentanilo que terminó cobrándose decenas de vidas en todo el país.
