La Justicia de Córdoba avanza en la investigación por una presunta red de corrupción que involucra a altos mandos de la Policía provincial. Este viernes, el fiscal Guillermo González, a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 3, dispuso la prisión preventiva de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, exdirector de la Policía Caminera, y otros tres imputados, en el marco de una megacausa por asociación ilícita, coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y peculado de servicios.
A Ochoa Roldán se le imputa el rol de jefe de una organización criminal integrada, en su mayoría, por funcionarios policiales en actividad. Según el expediente judicial, habrían utilizado recursos del Estado, como móviles oficiales, bases de datos sensibles y horas laborales pagadas por el Estado, con fines personales y lucrativos.
Junto a él quedaron con prisión preventiva Gabriel Élido Burkhard (organizador), Martín Darío Heredia (miembro), y Leonardo Javier Torres (miembro). Las pruebas recolectadas señalan que el grupo operaba bajo una estructura organizada y con división de tareas para ejecutar maniobras ilegales, como los denominados «desalojos exprés», donde se exigían pagos de entre el 20% y el 30% del valor de una propiedad para desalojar a sus ocupantes, muchas veces con amenazas y uso de fuerza.
En uno de los audios incorporados a la causa, un imputado afirma: “Una recuperación de domicilio hoy tenés que calcular entre el 20% y el 30% del valor de la propiedad. Entramos en la casa, y ya estamos de igual a igual con ellos adentro… si no hay acuerdo, los sacamos a patadas”.
Además de los mencionados, otros tres implicados quedaron con diferentes medidas judiciales. Jorge Alberto Gutiérrez y Gastón Miguel Ochoa Roldán (hermano del principal imputado) continuarán detenidos, aunque su prisión preventiva fue acotada a 60 días, dado su menor grado de participación. Por otro lado, Dante Gabriel Villalba recuperó su libertad bajo una fianza de 20 millones de pesos, con condiciones restrictivas.
Según el Ministerio Público Fiscal, la banda estaba conformada por siete personas, cinco de ellas policías en actividad, incluidos cuatro de alto rango. Entre ellos, algunos ocupaban cargos clave como el director de Protección de Testigos y el titular de la Asesoría Legal de la fuerza, lo que agravó la evaluación judicial por el nivel de acceso a recursos estatales y datos confidenciales.
El fiscal González remarcó la gravedad institucional del caso: “No se puede permitir que funcionarios públicos utilicen al Estado para satisfacer sus intereses personales. Estamos hablando de una organización que funcionaba como una estructura celular, con roles definidos y acciones coordinadas en distintos puntos de la provincia”.
A partir de escuchas telefónicas, mensajes de texto y otros elementos probatorios, la fiscalía logró reconstruir cómo operaba la red. Burkhard, según la acusación, captaba los “casos” y los derivaba a los abogados vinculados a la organización. A su vez, Ochoa Roldán coordinaba con otros miembros para ejecutar los operativos, asignando roles específicos según cada situación.
El trasfondo político y social
El escándalo también generó repercusión por el beneficio previsional que recibió Ochoa Roldán. Según trascendió, el Ministerio de Seguridad lo pasó a retiro obligatorio con una jubilación que superaría los 4 millones de pesos mensuales, decisión que causó indignación pública y abrió el debate sobre la necesidad de una reforma estructural en las fuerzas de seguridad.
El ex jefe de la Caminera fue desvinculado definitivamente pero cobrará jubilación millonaria
La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas imputaciones ni allanamientos, mientras se intenta dimensionar el alcance completo de la organización delictiva y el daño ocasionado al Estado y a particulares.
