La Policía del Chaco atraviesa una de las mayores crisis de su historia reciente luego de que un grupo de efectivos fuera acusado de intentar robar nueve kilos de cocaína durante la primera quema oficial de estupefacientes de la fuerza, en un episodio que expuso presuntas maniobras de corrupción dentro de la institución que responde al gobernador Leandro Zdero.
El escándalo estalló cuando cámaras de televisión registraron el momento en que los agentes habrían intentado sustituir los paquetes de droga por ladrillos de yeso que debían ser incinerados. Las imágenes, difundidas en medios nacionales, derivaron en una rápida intervención judicial.
La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó el procesamiento con prisión preventiva por 100 días de siete policías, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por su condición de funcionarios públicos.
Entre los imputados figuran el comisario Rubén Héctor César Alegre, el subcomisario Franco Andrés Ramírez y los oficiales y suboficiales Lucas Exequiel Martínez, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Andrés Quizama y Néstor Ariel Urne Cantero. Según la investigación, todos habrían tenido participación directa en el intento de desvío de la droga.
El episodio generó un fuerte impacto político. Ocurrió pocos días después de que el ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, elogiara públicamente a Patricia Bullrich por su política contra el narcotráfico durante un encuentro institucional. Fuentes locales admitieron que el caso supera los antecedentes habituales de irregularidades dentro de la fuerza.
“Siempre hubo rumores de procedimientos turbios, pero esto ya fue demasiado, se bandearon completamente”, afirmó a este medio un ex diputado peronista de la provincia, al trazar un paralelismo con viejos casos de corrupción vinculados al narcotráfico. Incluso se recordó un antecedente ocurrido en Castelli, donde un fiscal especializado fue detenido con más de 200 kilos de marihuana.
Desde el punto de vista penal, los efectivos enfrentan cargos graves bajo la Ley de Estupefacientes 23.737. La figura de tenencia con fines de comercialización prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión, aunque la escala podría incrementarse sensiblemente por el agravante de tratarse de agentes del Estado encargados de prevenir y perseguir este tipo de delitos.
Mientras avanza la investigación judicial, el caso dejó bajo sospecha a la cúpula policial chaqueña y abrió un debate de fondo sobre los mecanismos de control interno en una fuerza clave para la lucha contra el narcotráfico en el norte argentino.
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