La Justicia Federal de San Francisco procesó a un falso pastor y a otras tres personas como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, agravada por haber sido perpetrada mediante engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores y víctimas, y por haber sido consumada la explotación. A cada uno de ellos, el juez les trabó embargo por la suma de $ 10.000.000, mientras que a un quinto imputado le recayó, en calidad de partícipe necesario, un embargo por $ 5.000.000.
La causa nació tras la denuncia en septiembre de 2020 de una mujer que aseguró que su hermana había ingresado a una comunidad de fachada religiosa ubicada en una casa del country “Ayres del Golf” de la ciudad de San Francisco, donde los miembros eran explotados laboralmente en los rubros de panificación e inmobiliario. Según la denunciante, la explotación también se producía en la capital provincial y el líder de la secta se consideraba “enviado de Dios”, seguido por su esposa, “la profeta”.
La Policía Federal pudo constatar la existencia de personas que operaban en la posible comisión del delito de trata de personas y que su principal responsable era un falso pastor a quien los restantes miembros de la secta debían rendirle cuentas sobre la producción y venta de los alimentos elaborados en la panificadora. Lo mismo ocurría en el caso de la administración de la inmobiliaria denominada “Ciudad”.
La investigación constató que en la casa del falso pastor residían dos víctimas, que debían encargarse de las tareas domésticas, del cuidado de los hijos y de una oficina de la inmobiliaria. Para esto, el líder contaba con el aporte de un corredor inmobiliario.
Para el MPF el tiempo demostró que “la real finalidad que buscaba el líder de la secta era la de obtener los beneficios económicos mediante la explotación”, a quienes hacía “trabajar” durante 14 horas y sin días de descanso a cambio de un salario ínfimo o inexistente y con promesas de “salvación eterna”, relativas a la supuesta capacidad que él tenía para comunicarse con Dios. De acuerdo con la fiscalía, la promesa de esa vida en comunidad derivó así en un acogimiento en condiciones de hacinamiento, ausencia de una alimentación adecuada, humillaciones y maltratos, amenazas, control de salidas y comunicaciones, además de las extensas jornadas y salario ínfimo o nulo.
