La Cámara de Acusación de Córdoba decidió ayer elevar a juicio a los tres empleados del sanatorio Aconcagua que no asistieron a Valentino Blas Correas en la noche de su asesinato. Por otra parte, se conoció ayer que, finalmente, será el fiscal número dos del Fuero Penal Económico Anticorrupción, Franco Mondino, el encargado de investigar las responsabilidades de policías que debieron prestar asistencia a Correas y los funcionarios públicos que tenían a su cargo a la fuerza.
Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo son los tres empleados del Sanatorio Aconcagua sobre quienes recaen distintas imputaciones. Mientras que Casalino está acusado por “abandono de persona”, sobre las otras dos trabajadoras pesa la imputación de “omisión de auxilio”.
Al respecto, en el expediente, el fiscal de Instrucción del Distrito uno, Turno tres de Córdoba, José Mana, indicó que “Blas no solo arribó con vida al Sanatorio Aconcagua, sino que se retiró del lugar con signos vitales, y que en el nosocomio no se le brindó la ayuda necesaria que la ocasión ameritaba para intentar salvarle la vida”. “La Fiscalía logró determinar que una amiga de Blas, de 17 años, ingresó al interior del sanatorio y con gritos de desesperación requirió una atención inmediata para su amigo, quien minutos antes había recibido el disparo de un arma de fuego policial”, agregó Mana.
A su vez, el fiscal afirmó que, “pese a los ruegos y a los llantos de la joven, los mismos no fueron suficientes para hacerle cambiar de opinión a Casalino, quien no se hizo cargo, bajo el pretexto de que el hecho había ocurrido en la vía pública”. En cuanto a Moya y Mezzacapo, Mana les reprochó que hayan guardado “absoluto silencio, omitiendo deliberadamente procurar cualquier tipo de auxilio inmediato para el herido”.
Por otra parte, ayer se conoció que la segunda parte del juicio por el crimen de Blas quedará en manos del fiscal Mondino, luego de que Mana girara la causa hacia el Fuero Penal Económico Anticorrupción. En esta segunda parte del proceso, se investigará la presunta omisión de deberes de funcionario público de los policías que rodearon el vehículo detenido en Chacabuco y Corrientes mientras en el interior agonizaba Correas.
Asimismo, la Justicia investigará a otros efectivos, quienes habrían cometido el delito de falsedad ideológica en lo que respecta a la filmación del arma “plantada”. Por otra parte, también se buscará determinar las responsabilidades de la actual jefa de la fuerza, Liliana Rita Zárate Belletti, el ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y su ex secretario, Lucas Mezzano.
