Con el objetivo de defender el monte nativo, vecinos del Valle de Paravachasca mantienen desde el pasado sábado un acampe en la ruta 5, a la altura de La Serranita. La protesta busca impedir el inicio de la obra de la Autovía que unirá Alta Gracia y Villa Ciudad de América, impulsada por la Provincia.
En ese marco, desde la Asamblea Paravachasca denunciaron que ayer al mediodía llegaron “numerosos policías con chalecos, escudos, palos y camionetas, dispuestos a reprimir”, así como también miembros de Infantería, que rodearon el lugar. Integrantes de dicha asamblea confirmaron que intentaron comunicarse con el fiscal Diego Fernández, para garantizar su integridad física, pero hasta ese momento no obtuvieron respuesta.
Asimismo, informaron que presentaron en las últimas horas un hábeas corpus: “Acabamos de presentar un hábeas corpus. No tenemos respuesta del fiscal, a quien intentamos contactar desde el sábado. Nunca nos respondió. Está Infantería y la Policía acá”, dijo Diego Aranda, integrante del colectivo de protesta.
Fernández reveló al medio La Nueva Mañana que la orden de desalojo para los manifestantes se encuentra firmada: “Está ordenado un emplazamiento para que se retiren del lugar en virtud de la disposición del Gobierno de la Provincia de Córdoba en sus diferentes áreas, que prevén la realización de la Autovía”.
Además, agregó que la obra vial “no ha sido revocada, ni anulada, ni siquiera restringida, por ninguna resolución judicial ni administrativa, por ende está vigente”. Fernández también se refirió al amparo ambiental cuya vigencia viene destacando la Asamblea Paravachasca, y aseguró que “habría sido rechazado”.
En un comunicado difundido el pasado domingo, desde la Asamblea habían insistido: “Hay un Amparo Ambiental Colectivo vigente desde agosto del 2021 sobre las innumerables inconsistencias técnicas, administrativas y legales de todo el proyecto de obra de la Autovía Ruta 5, sobre la cual, el fiscal Leonardo Massimino a cargo de la Cámara contenciosa administrativa primera de los Tribunales ordinarios de Córdoba, aún no se expidió”.
En dicho comunicado, apuntaron también: “El Gobierno de Córdoba y Caminos de las Sierras son responsables del estado crítico del Valle, las comunas y municipios de Paravachasca son cómplices por permitir el avance de esta obra absolutamente ilegal en connivencia con la Justicia de Córdoba”.
