La Justicia federal de Córdoba imputó ayer a Sergio Berni, ex secretario de Seguridad; Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner; y a Cecilia Rodríguez, ex ministra de Seguridad de la Nación, por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la falta de asistencia a la Provincia durante el acuartelamiento policial ocurrido en diciembre de 2013.
La acción penal la tomó la fiscal federal Nº3, Graciela López de Filoñuk, por entender que los funcionarios nacionales no atendieron los pedidos del entonces gobernador José Manuel de la Sota, y de otros integrantes del gabinete, que solicitaban el envío de la Gendarmería para frenar los saqueos y ataques que se sucedieron el 3 y 4 de diciembre de ese año, en un contexto de protesta de los efectivos policiales que reclamaban un aumento salarial.
Por el motín, la Justicia provincial condenó a varios policías pero la causa avanzó en el plano federal. En ese juicio, quedaron evidenciados los llamados a Berni, Rodríguez y Capitanich para pedir el envío de fuerzas de seguridad nacionales. Filoñuk empezó la investigación de oficio hace un año, por los dichos ante los tribunales provinciales del ex ministro de Gobierno, Oscar González, quien contó que la Nación no cedía en el envío de los gendarmes. En declaraciones a la prensa, López de Filoñuk dijo ayer que cuenta con los testimonios de los ministros y jefes policiales que ocupaban el cargo entonces, pero “desgraciadamente me quedó pendiente el testimonio de De la Sota. Lo llamé un día antes de su muerte, le dije que lo esperaba como carácter de testigo. Me faltó ese testimonio”, señaló la fiscal.
Por su parte, González, actual presidente provisional de la Unicameral, recordó la situación: “En aquella época nos fue imposible comunicarnos con autoridades del gobierno nacional. Atendían secretarios y nunca logramos que respondieran”, rememoró. “En un momento, Berni estaba en un canal de televisión, llamamos y le pedimos que nos pasaran y tampoco lo logramos”, recordó. La acción penal ya fue receptada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja. El levantamiento policial dejó como saldo un muerto, 200 heridos y unos 2.000 comercios saqueados.
