La expropiación del 51% de la petrolera nacional YPF cumplió ya 10 años, luego de que el 16 de abril de 2012, mediante un decreto, que luego se convirtió en ley, el Estado nacionaliza la mayoría accionaria de la compañía, que en ese momento estaba en manos de Repsol.
La idea era revertir la caída en la producción de petróleo y gas que caracterizó al último tramo de la gestión privada, encabezada por esa firma y la familia Eskenazi. Los rumores sobre un desembarco del Estado en YPF habían comenzado a brotar cerca de 28 de enero de 2012.
La acción de YPF está en los 5 dólares desde la invasión rusa a Ucrania, una movida que permitió mejorar las cotizaciones de la mayoría de las petroleras occidentales. De todas formas, la valuación bursátil de la compañía está en torno a los USD 3.400 millones, una quinta parte de lo que valía hace 10 años.
La vicepresidenta Cristina Kirchner defendió hace unas semanas la expropiación de la petrolera durante su segundo mandato como jefa de Estado, como una forma de reivindicación de su decisión: “Ahora Vaca Muerta es nuestr”.
Los recursos que tiene la Argentina en energía y alimentos “son casi un botín de guerra”, indicó en un acto el pasado 2 de abril, al tiempo que aseguró que “no habría Vaca Muerta ni soberanía hidrocarburífera” de no ser por las medidas tomadas: “Se deben revalorizar nuestras reservas de gas y petróleo”.
Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo en gas no convencional y la cuarta más grande en petróleo no convencional.
En 2012, cuando se expropió YPF, la formación neuquina apenas atravesaba sus primeras etapas de pozos exploratorios, pero los técnicos ya veían gran calidad de la “roca”, más allá que faltaban inversiones.
El primer desarrollo millonario allí fue de YPF asociado con la estadounidense Chevron. El acuerdo -que contenía polémicas cláusulas secretas- impulsó Loma Campana desde 2013.
En 2014, la producción de petróleo y gas del país fue la más baja desde 2003, pero Vaca Muerta comenzó a morder con cierta participación sobre la producción de petróleo.
Al principio, a las petroleras les costaba que los pozos fueran redituables, porque sus gastos eran muy altos, pero a medida que hubo más escala, se alcanzó mayor producción.
En 2015, la participación de Vaca Muerta sobre el total de la producción no superaba el dígito y en 2022 ya representa casi un 40% de la producción, informó este domingo diario Clarín.
La Argentina posee más gas que petróleo, pero hay un cuello de botella para transportarlo, por lo que la producción petrolera viene mucha más dinámica que la de gas.
Ieasa (la ex Enarsa) espera tener listo un gasoducto para el próximo invierno, al tiempo que las empresas dicen que podrían duplicar su producción actual de ese fluído.
La estatización del 51% de YPF despojó a Repsol de su control, pero también afectó a la familia Eskenazi. Ese grupo nacional llegó a controlar el 25% por ciento de la empresa, que fue perdiendo su participación porque no pudo abonar los préstamos que le estaba pagando a Repsol con las mismas ganancias que generaba la petrolera nacional.
Petersen Energía, la sociedad de los Eskenazi, se había constituido en España, donde fue a la quiebra. El fondo Burford -que se dedica a litigar activos en liquidación y busca apuestas arriesgadas y de altas ganancias- compró los derechos para los juicios que tuviera Petersen contra el Estado argentino, dueño del 51% de la firma, y se presentó en la justicia de Nueva York, que es el ámbito en que se dirimen estas controversias.
Como YPF está listada en Wall Street, acepta las regulaciones estadounidenses al respecto. El pleito lleva varios años, pero hay una posibilidad de que haya una sentencia a mediados de año.
El reclamo se basa en que el Estado argentino debería haber hecho una oferta pública y haberles pagado por el 25% de las acciones que tenían.
Sebastián Maril, uno de los especialistas que mejor conoce el juicio, destacó que un experto consultado estimó que la Argentina podría terminar pagando USD 8.400 millones a Burford (por los derechos de Petersen) y a Eton Park, otro fondo que era el tercer accionista de la petrolera.
El ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, prometió no pagar por la expropiación lo que querían sus ex accionistas, pero dos años después de consumada, llegó a un entendimiento con Repsol. Fue así que el Tesoro le pagó USD 5.000 millones en bonos a la petrolera española.
El jueves pasado venció el plazo para que cada parte presente un escrito pidiendo al tribunal estadounidense que dicte un fallo sumario a su favor. En ese sentido, se hace por medio de argumentos exclusivamente jurídicos, sin necesidad de celebrar un juicio.
El reclamo de Burford y Eton -los USD 8.400 millones- podría trepar hasta los USD 19.665 millones con el pago de intereses. El Estado argentino e YPF consideran que esa cifra no tiene fundamentos, y que la metodología utilizada para realizar el cálculo de daños es defectuosa.
Ya presentados los escritos que piden una sentencia sumaria, ahora vienen posteriores escritos de oposición, que están previstos para el 26 de mayo, y la réplica, pactada para el 23 de junio de este año.
La jueza Loretta Preska no está sujeta a ningún plazo para emitir su fallo y debe resolver si la Argentina e YPF son responsables de aquello que les reclaman los fondos.
La defensa argentina entiende que, aún si fueran declarados responsables de haber procedido incorrectamente sobre los derechos de Petersen Energía, el monto a pagar por los supuestos daños corresponde a una etapa posterior a este proceso.
Los abogados de Procuración del Tesoro e YPF también sostienen que la sentencia, en el momento que ocurra, puede ser apelada a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Burford se podría quedar con el 70% de lo obtenido en el juicio, mientras que hay un 30% de las eventuales ganancias que repartirá con un socio, cuyo nombre nunca fue revelado.
Asimismo, se informó que varios miembros de la familia Eskenazi declararon en este juicio.
