El martes de la semana próxima darán inicio las audiencias públicas que serán determinantes para resolver los próximos aumentos de la energía eléctrica y el gas residencial.
Cabe recordar que tras el congelamiento del valor de consumo debido a la pandemia de coronavirus, el gobierno nacional determinó que habrá «esquemas de segmentación» para resolver los ajustes. Otro de los puntos claves a tratar será la continuidad o no de subsidios.
En este marco, la Secretaría de Energía elaboró un informe para «terminar con los subsidios a usuarios de mayores ingresos» y «reducir la asistencia» a un segmento ‘medio’.
Según lo trascendido, las boletas tendrán una suba del 21,5 por ciento en Córdoba. Pero la mayoría deberá pagar más.
De esta manera, la suma adicional que se añadirá a los gastos tradicionales surgirá del punto acordado con el FMI, que expresa debe ser «equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS)» de 2021. El porcentaje de suba es 42,7 por ciento. Para quienes cuenten con tarifa social, un 20,5%.
Según se estimó, verán reducidos sus beneficios más de 920 mil clientes residenciales de energía eléctrica, y 760.000 de gas natural.
Pero también es sabido que el cruce de información (patrimonio e ingresos) entre los diferentes actores, determinado a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), tiene puntos ciegos.
A casi un 40% de los portadores de titularidad de servicios no se les pudo determinar condiciones socioeconómicas actuales.
De acuerdo a la metodología definida, «titulares del servicio con alto poder adquisitivo» pagarán tarifa plena. Son parte de este universo quienes cuenten con «ingresos de más de 300 mil pesos, tengan tres o más inmuebles, 3 o más vehículos nuevos o tengan a su nombre embarcaciones o aeronaves».
Para habitantes de barrios populares o beneficiarios de diferentes planes oficiales de ayuda económica, se sostendrá la tarifa social. En este sentido, se incluyeron aquellos sectores más necesitados cruzando datos con el SINTyS, que determina a aquellos que cobran sueldos, jubilaciones o pensiones que no superen dos salarios mínimos, los subsidiados por desempleo, por embarazo, los comedores, merenderos y los monotributistas sociales de las categorías A y B.
