Una encuesta de la Universidad de San Andrés (UdeSa) muestra al Poder Judicial como el organismo más desprestigiado de la Argentina. Apenas el 9% lo valora positivamente (8% “algo buena” y sólo el 1% “muy buena”). Norman Berra, reconocido consultor cordobés, profundizó sobre el punto cruzando numerosos estudios de opinión donde el dato, analizado desde muchas maneras (satisfacción, confianza, percepción sobre sus privilegios) es constante.
Es unánime en las encuestas el repudio cívico a la exención del Impuesto a las Ganancias, y el acceso a regímenes jubilatorios de excepción que disfruta el Poder Judicial.
Asimismo, comparando estos guarismos con la expectativa ciudadana respecto al medio de selección de los/as magistrados/as, las encuestas ilustran sobre “consensos respecto a recortar lo que se perciben como privilegios de los jueces y un aval a someterlos al voto popular, como sucede con el Ejecutivo y el Legislativo” como señala Berra.
Este humor del público puede estar influido por entuertos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: su patética elección de autoridades -en la que Horacio Rossati se votó a sí mismo aprovechando la ausencia de un miembro del tribunal para alcanzar la Presidencia- y la actual disputa por la integración del Consejo de la Magistratura, entre la Corte y el Senado, declarada inconstitucional -muchos años después de votada- la norma que reglamenta la previsión constitucional de creación del organismo, forzando una integración fáctica diferente a la establecida legalmente. Ratificando la decepción ciudadana sobre juzgadores de toda instancia y jurisdicción.
La Corte Suprema encabeza el ranking de desaprobados. Tras una efímera recuperación en 2017 (atada al sesgo opositor alcanzado en los últimos años de la gestión de CFK), donde arañó el 30% de valoración positiva, se desplomó hacia el final de la gestión Macri (12%, UdeSA, octubre 2019), sin repuntar desde entonces.
Poder sin depurar
En la encuesta que dispara esta columna, encontramos muchos significantes. La Justicia es furgón de cola de una larga lista de sectores. Las ponderaciones positivas más relevantes son para científicos (74%) y PyMES (65%); pero en cuarto lugar de valoración aparece la Gendarmería Nacional (50%) y en quinto las Fuerzas Armadas (45%). Ambos superan holgadamente a otros actores: medios de comunicación (37%), Abuelas de Plaza de Mayo (29%), Madres de Plazas de Mayo (27%), iglesia católica (27%).
¿Qué cambió en estos cuarenta años de Estado de Derecho? El votar periódicamente impuso a sus principales animadores un nítido desgaste, por no haber satisfecho en plenitud las expectativas populares. La principal víctima de ese proceso son los partidos políticos tradicionales, hoy diluidos en alianzas precarias. Los incumplimientos de las grandes agendas políticas, la dificultad para lograr consensos mínimos fundamentales y yerros significativos en la praxis de gobierno, afloran como las causas más notables de esta mudanza de percepción.
Pero, también, y esto afecta al Poder Judicial y a ciertos núcleos duros asociados a su gestión (como la policía y la inteligencia) se trata del departamento o función estatal que menos se depuró en la transición democrática. Presionado, Alfonsín no avanzó significativamente sobre el núcleo duro de la gestión judicial, que sólo cambió piezas en la Corte Suprema. Lo mismo pasó en las provincias.
A lo largo y a lo ancho del país, cientos de jueces y juezas, o funcionarios con pasado de empleados de una dictadura, hicieron futuro en democracia, creciendo en sistemas donde la ciudadanía continuó sin poseer injerencia. También lo hicieron, en muchos casos, familiares directos y allegados: la famosa “familia judicial”. Sin cambiar prácticas o mecanismos. Pujando hacia adentro, pero infranqueables desde afuera, fraccionándose en tribus, peleando escalamientos en yuntas transitorias con referentes políticos o figuras del derecho que se sientan en algún sillón importante, sean supremos tribunales o ministerios de justicia, para arbitrar cuestiones domésticas o negociar temas importantes, sin meterse a fondo en cambios, por carecer de instrucciones, móviles y fundamentos a dicho efecto.
En 1994 se incorporó el Consejo de la Magistratura a la Constitución Nacional, organismo que demoró años en reglamentarse, sin cumplir los objetivos de mediar un tránsito profesionalizado e imparcial para la selección de jueces, que en los años de Alfonsín (y, especialmente, de Menem) se nutrió de personajes que lograron bendición del Senado sin control de calidad.
La Justicia funciona con parámetros acaso pretéritos a la dictadura. Pactando con el poder político, sintonizando coyunturas, el sector mantuvo irritantes privilegios, imponiendo un dique hacia su interior profundo que, lejos de haberse democratizado, sólo admitirá el avance de los que tengan que avanzar cuando el criterio corporativo lo determine. Igual que antes, igual que siempre.
Políticos y juristas expertos capitalizaron ese escenario. Rossatti o Juan Carlos Maqueda, baqueanos del poder, aprovechan su experiencia para comandar un Poder Judicial para el que ningún/a ciudadano/a argentino/a los eligió; también lo hizo Ricardo Lorenzetti, con un inocultable deseo -quizá truncado hoy- de saltar desde Tribunales a la Casa Rosada.
Entre tanto cruce de lanzas en las pocas manzanas que separan al Congreso de la Casa Rosada y de la Suprema Corte, la justicia se sigue desplomando. Como la evidencia de este manoseado y politizado Consejo de la Magistratura, y como más solapadamente lo muestran los muchos Tribunales Federales y Provinciales instalados desde Ushuaia a La Quiaca.
Hace falta algo más que pavonearse dentro o fuera de un despacho como “señorías” intocables para honrar la responsabilidad de juzgar; cada vez cuesta más, al interponer escritos ante un tribunal o saludar en un espacio público, tratar insólitamente de “excelencias” a unos cuantos.
Con todo, aún quedan ejemplos valiosos por imitar. La justicia debe oxigenarse. Y es urgente.
