Las transferencias no automáticas que el Estado nacional gira a las provincias alcanzaron en mayo el nivel más alto en lo que va del año, tanto en valores absolutos como en proporción sobre el total de recursos enviados, de acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía.
En el bimestre abril-mayo, las transferencias no automáticas (TNA) ascendieron a cerca de $140.000 millones y casi triplicaron a los $49.197 millones de enero-febrero, por la conjunción de una suma de factores entre los que se sobresalieron los recursos enviados a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, «cierta aceleración en los envíos para obra pública», convenios de asistencia financiera y «algunos repartos de ATN (Aportes del Tesoro Nacional)», indicó a Télam Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco.
Otro aspecto a tener en cuenta son las transferencias acordadas entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para el financiamiento de las fuerzas de seguridad, luego de los cambios en la alícuota destinada al distrito porteño en el régimen de Coparticipación Federal.
Ese es el motivo principal por el que se destaca la proporción de transferencias a CABA del resto de las provincias (más que triplica el nivel general), además de otro fenómeno: muchas obras públicas se realizan en el Interior, pero figuran con destino porteño debido a que es allí donde están las sedes de las empresas que realizan los emprendimientos.
Por esa suma de razones, las TNA pasaron de representar un 6,6% del total en 2021 y un 5,9% en el primer bimestre de este año, a un 13,84% en abril y un 11,86% en mayo.
Los recursos que habitualmente la Nación distribuye entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires se componen de transferencias automáticas (Coparticipación Federal, leyes y regímenes especiales y compensaciones por el Consenso Fiscal) y no automáticas o discrecionales, que no tienen las continuidad y periodicidad de las anteriores y están sujetas a situaciones específicas.
Unas de estas situaciones son los ajustes que se realizan a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación en la década de los ’90 (Buenos Aires, Chaco, Chubut. Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego).
Pero también entran en el cálculo aportes por circunstancias imprevistas (por ejemplo, incendios, inundaciones u otras catástrofes naturales) o la realización de una obra en particular que demanda transferencias de capital extraordinarias.
Asimismo, si bien los ATN forman parte del régimen de Coparticipación (el 1% de la masa coparticipable) se los incluye entre las transferencias no automáticas porque su distribución no está sujeta a criterios preestablecidos, sino a decisión del gobierno nacional.
En mayo, el total de transferencias nacionales a los 24 distritos ascendieron a $583.978,8 millones, de los que el 88,14% ($514.718,9 millones) correspondieron a las automáticas y el 11,86% restante ($69.259,9 millones) a las no automáticas.
Por su carácter, la distribución de las TNA ha distado históricamente de ser homogénea, y han sido a la vez una fuente de reclamos cruzados entre las jurisdicciones.
Por ejemplo, en 2021 representaron el 6,6% de los ingresos totales de los 24 distritos, pero en el caso de La Rioja alcanzaron al 21,6%, nueve veces más que el 2,4% de Mendoza, ubicada en el otro extremo.
Con una brecha aún mayor, la situación se reiteró en mayo de este año, en el que las transferencias no automáticas representaron el 38,39% para la Ciudad de Buenos Aires (por los recursos para las fuerzas de seguridad ya señalados) y, en la otra punta de la lista, un 0,63% para Corrientes.
Entre los dos extremos hubo situaciones diversas, con cinco provincias que se sumaron a CABA en los porcentajes que superaron el promedio: La Rioja, con el 29,56% de TNA sobre el total, Buenos Aires (18,25%), Chaco (14,52%), Neuquén (13,54%) y Salta (12,15%).
Como fenómeno subyacente está la demora en la sanción de una nueva ley de Coparticipación, y la necesidad de recurrir a diferentes medidas para hacer frente a todos los cambios ocurridos desde su sanción en enero de 1988.
Por ejemplo, desde entonces dos distritos pasaron a ser autónomos (Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires) y una vez que se conozcan los resultados definitivos del último censo quedará en evidencia la desigual evolución regional de la población.
De los datos oficiales disponibles surge que entre 1980 y 2010, la población de Neuquén se incrementó un 126,07%, la de Santa Cruz un 138,35% y la de Tierra del Fuego un 332,79%, pero la de la Ciudad de Buenos Aires disminuyó 1,11%.
Esas asimetrías que fueron apareciendo con el transcurso de más de tres décadas derivó en que «al desactualizarse los coeficientes de distribución, es más probable que la Nación deba compensar discrecionalmente a algunas jurisdicciones», de acuerdo con lo señalado por Marcelo Capello, economista de la Fundación Mediterránea.
Para Capello, una nueva ley de Coparticipación «debería bajar el perfil de las transferencias fiscales, especialmente las discrecionales, aumentando la autonomía financiera de las provincias, incrementando sus potestades de recaudar».
En ese marco, el margen de «coparticipación residual» debería usarse para «nivelar fiscalmente a las provincias, en forma más racional, bajando la libre disponibilidad de las transferencias y aumentando las que tienen destino específico, dirigiéndolas a la educación, salud e infraestructura», indicó.
