La Defensoría del Pueblo continuará bajo la conducción de Mario Decara, quien ayer asumió por tercera vez consecutiva el cargo, en el que continuará hasta 2024. La renovación del mandato se resolvió en la Unicameral, cuando los parlamentarios sancionaron la designación del dirigente radical, en virtud de lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Provincial y el artículo 1º de la Ley 7741. Para ello fue necesario que el bloque mayoritario, en manos de Hacemos por Córdoba, avale al candidato de la Unión Cívica Radical para ocupar la Defensoría, entendimiento que quedó plasmado en la votación cuando la designación de Decara cosechó 51 votos afirmativos, 9 negativos y ninguna abstención. La sintonía de los principales partidos se contrastó con las críticas del resto de los bloques políticos que, en su gran mayoría, votó en contra de la iniciativa.
El legislador Aurelio García Elorrio, quien había sido propuesto previamente para el cargo por el ex legislador Juan Pablo Quinteros, se pronunció en contra de la designación y acusó un “pacto político entre el peronismo y una parte del radicalismo”. “El 80% de los legisladores se enteró ayer o antes de ayer que este pliego estaba ingresado”, dijo el parlamentario. A su turno, el radical Orlando Arduh ponderó la postulación de Decara: “En momentos en que el Indec no tenía credibilidad, la Defensoría del Pueblo de la Provincia elaboró un instrumento para medir el aumento de la canasta alimentaria, elemento que actualmente se usa en cientos de fallos judiciales que pactas cuotas alimentarias”. En otro orden, el lunes pasado el Poder Ejecutivo presentó la Legislatura el pliego para que Franco Jesús Mondino sea el nuevo fiscal Anticorrupción en lo Penal Económico. La designación había sido cuestionada por dos legisladores por una asesoría que el abogado prestó en una comisión de la Unicameral que dirige la oficialista Graciela Brarda. El pliego tiene fecha de ingreso este 1° de julio y lleva las firmas del gobernador, Juan Schiaretti, el ministro de Justicia, Juan Martín Farfán, y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba.
