Un ataque con explosivos en una zona rural del suroeste de Colombia causó
hoy la muerte de ocho policías, informó el presidente Gustavo Petro, quien
condenó enérgicamente lo que fue el peor episodio de violencia en lo que va
de su corta gestión.
«Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 8
policías en San Luis, Huila. Solidaridad con sus familias. Estos hechos
expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades
desplazarse al territorio para asumir la investigación», expresó Petro en
Twitter.
El ataque ocurrió en una zona rural ubicada a más de dos horas de camino de
Neiva, la ciudad más grande del departamento de Huila.
«Fue un atentado contra una patrulla policial, al parecer con explosivos y
los ultimaron con disparos por arma de fuego», dijo a la agencia de
noticias AFP una portavoz de la policía de esa región.
Los uniformados estaban llegando a la estación cuando fueron atacados con
ráfagas de fusil y explosivos, según la información preliminar brindada por
los campesinos de la región.
Estos relataron a las autoridades vía telefónica que «al parecer activaron
un campo minado al paso de los uniformados y luego los remataron con
ráfagas de fusil», consignó el diario local El Tiempo.
Las autoridades no han dado información sobre los responsables del hecho.
Se trata del incidente más grave contra la fuerza pública desde que Petro,
el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, asumió el
cargo a comienzos de agosto.
El mandatario avanza en la reactivación de los diálogos de paz con la
guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), interrumpidos en 2019
tras un ataque contra una escuela de policía que dejó 22 muertos además del
agresor.
También propuso un cese del fuego «multilateral» con los disidentes del
pacto de paz que desarmó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) en 2016 y los grupos armados del narcotráfico, como parte de una
política de «paz total» para desactivar el conflicto armado de casi seis
décadas.
Algunas facciones de las disidencias y bandas de narcos agrupadas en torno
al poderoso Clan del Golfo se han mostrado abiertas a participar en la
iniciativa, pero sin llegar a un acuerdo aún con el gobierno.
