ASUNCIÓN.- Apenas a un año de haber asumido, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, sufre una crisis inédita a causa del escándalo político desatado por la revelación de un acuerdo energético secreto sellado con Brasil, que ayer derivó en cuatro renuncias: del canciller Luis Alberto Castiglioni, del flamante titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Alcides Jiménez, del embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier, y del director de la empresa eléctrica Itaipú Binacional, José Alderete.
Las repercusiones institucionales empezaron en realidad con el propio escándalo, cuando se conoció la renuncia de Pedro Ferreira, anterior presidente de Ande, que se fue en protesta por la firma del acta bilateral sellada en mayo pasado entre ambos Gobiernos. Ocurre que Ferreira se negó a rubricar el acta, que estipula nuevos términos para la contratación anual de potencia energética de la hidroeléctrica de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil. También Fabián Cáceres, gerente técnico de Ande, se fue en protesta y denunció que los técnicos de la energética estatal fueron apartados de la negociación con la brasileña Electrobas y sustituidos por representantes de la Cancillería: aseguró incluso que el acuerdo tendrá un sobrecosto para Paraguay de unos 250.000.000 de dólares.
De inmediato, la oposición tomó cartas en el asunto: denunció a coro la entrega de la soberanía paraguaya en una oscura negociación secreta encabezada por el canciller Castiglion y creó una comisión en el Congreso para investigar el acuerdo y sus alcances. El partido de izquierda Frente Guasu anunció el impulso de un juicio político al Presidente sobre la base de que el acta se firmó entre “cuatro paredes” y sin informar al Congreso ni a la ciudadanía. El Partido Liberal, histórico opositor del Partido Colorado de Benítez, fue apenas más benévolo: le reclamó la renuncia de todos los funcionarios de primera línea del Gobierno que participaron en la negociación, con la amenaza de respaldar el juicio político.
La respuesta vino del propio canciller Castiglioni: negó que existiera una “renuncia de soberanía” y aseguró que el acta es “el primer gran triunfo de Paraguay en la negociación con Brasil con miras al compromiso que tenemos en 2023”, cuando ambos países deben renegociar el Anexo C del Tratado de Itaipú, que regula el valor de la energía que Paraguay vende a precio de costo a Brasil (que consume la mayor parte de la producción de la empresa eléctrica binacional).
Si bien Castiglioni anunció el domingo que el Gobierno dejó sin efecto el acta acuerdo, ayer fue uno de los primeros fusibles en saltar ante las amenazas del Partido Liberal, junto al flamante director de Ande (que duró apenas una semana en el cargo) y la primera línea de funcionarios implicados en un escándalo cuyas ramificaciones amenazan con llevarse puesto al gobierno de Benítez.
