A partir de una orden de la Justicia Federal de Bariloche, un operativo interfuerzas desalojó ayer a una comunidad mapuche en Villa Mascardi, en pleno corazón del parque nacional Nahuel Huapi, en lo que fue la primera acción conjunta del denominado Comando Unificado, creado horas antes por Ministerio de Seguridad de la Nación, según lo publicado en la madrugada en el Boletín Oficial.
El operativo estuvo comandado por la Policía Federal, con la participación de efectivos de Gendarmería y Prefectura, además de fuerzas provinciales. A primera hora del día, se desplegaron en la zona 250 uniformados, tras cortar la ruta nacional 40, y detuvo a siete personas, entre ellas una embarazada y la “machi” de la comunidad, Betiana Colhuan, y cinco menores de edad. Al lugar arribaron además vehículos de comunicación, retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión antitumultos.
El predio de Parques Nacionales fue usurpado en 2017 a través de una acción de “recuperación territorial” llevada adelante por la comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu.
Por parte del Gobierno nacional, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que en el operativo “no hubo ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”, y ratificó que se efectuó con “orden judicial y sin armas letales”. Luego explicó que “las siete mujeres detenidas se encuentran en perfecto estado de salud, en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluyendo a la señora que cursa un embarazo avanzado”. En tanto, “los cinco niños se encuentran en la misma dependencia, interviniendo minoridad de la provincia de Río Negro, secretaría niñez, adolescencia y familia”, añadió.
La intervención conjunta para frenar las usurpaciones de propiedades en la región había sido acordada la semana pasada por el propio Fernández y autoridades del gobierno de Río Negro a partir del incendio de una casilla móvil que la Gendarmería solía utilizar como puesto de vigilancia.
El conflicto por las tierras en Villa Mascardi genera desde hace varios años tensión entre los habitantes de la zona y el asentamiento mapuche. El intento de desalojo anterior fue en noviembre de 2017 y terminó de la peor manera, cuando una patrulla de Prefectura mató a balazos a Rafael Nahuel, de 22 años. Tras ese hecho, el lugar se convirtió en tierra de nadie y escaló la violencia bajo consignas de reivindicación mapuche. Ya en la Presidencia de Alberto Fernández, en 2020 se inició una política de diálogo que no surtió efecto y en los últimos meses el conflicto creció y las denuncias hacia la comunidad por actos de violencia contra las propiedades públicas y privadas de todo el paraje turístico se multiplicaron. Por esa razón, dirigentes rionegrinos cuestionaron la “inacción” del gobierno nacional y la gobernadora Arabela Carreras reclamó “una presencia muy clara del Estado nacional” en la zona.
“Uno morirá, dos morirán, pero diez nos levantaremos”
La delegada del Lof Lafken Winkul Mapu, María Nahuel, rechazó el operativo de desalojo y acusó a los uniformados de querer “matar a otro” mapuche, como ocurrió con su sobrino Rafael Nahuel en 2017, pero aclaró que no se van a “asustar” ante la presencia policial.
“El territorio fue usurpado, el Estado nos robó nuestra mapu y por más que nos saquen vamos a volver, siempre vamos a volver a nuestro territorio, yo no les tengo miedo”, sostuvo.
En declaraciones radiales, la mujer ratificó el reclamo territorial del pueblo mapuche y advirtió: “Uno morirá, dos morirán, pero diez nos levantaremos, no nos van a asustar, yo no estoy asustada por mi gente que está allá, estoy poniendo fuerza y esperando que mi gente esté bien. Pero si llegara a pasar, uno caerá, dos caerán, nos meterán presos, pero saldremos y seguiremos luchando porque así nos han dejado esta orden nuestros mayores”.
