La joven de 24 años que denunció haber sido abusada sexualmente por un efectivo de la Policía que cumplía adicionales en Ciudad Universitaria, reconoció a su agresor en una rueda de identificación que se realizó ante la Justicia. Además, a través de su abogado Carlos Nayi, solicitó constituirse en querellante particular en el caso. El uniformado, que está detenido en Bouwer, será indagado hoy por la fiscal de segundo turno de Delitos Sexuales, Ingrid Vago. Un detalle no menor es que el policía, de 20 años y de apellido Mansilla, tiene nuevo defensor.
Se trata de Fernando Vázquez, quien reemplazó a Hugo Luna, quien renunció ante la gran cantidad de elementos probatorios. Según explicaron allegados a la causa, el reconocimiento fue “contundentemente” positivo, por lo que la situación del acusado sería muy comprometida. El abuso ocurrió en la madrugada del sábado 3 de agosto frente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Según se puede observar en los videos aportados por las cámaras de seguridad de la casa de altos estudios, el policía se acerca al vehículo y tras mantener un diálogo con el hombre que estaba junto a la víctima, ingresa al vehículo, donde supuestamente comete el delito.
Caso Próvolo
En tanto, en Mendoza, el juicio oral por los abusos sexuales cometidos a niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo pasó a un cuarto intermedio por tiempo indeterminado hasta tanto se determine si el ex empleado y jardinero, de condición analfabeta, puede o no continuar en el proceso. Se trata de Armando Gómez, de 57 años, acusado por abuso sexual junto a los curas Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, y quien la Defensoría oficial pidió varias pericias físicas y psíquicas para determinar su aptitud para comprender los hechos que se le imputan, que lo imposibilitarían de afrontar este proceso judicial.
Según la defensora oficial Alicia Arlotta, Gómez posee “un nivel educativo de analfabetismo y vivió con un “núcleo familiar violento que ha generado complicaciones físicas y psicológicas”. Esta falta de escolaridad es utilizada por la defensa como muestra de su falta de comprensión para afrontar un juicio. Sin embargo, el informe de Laura Agorra, perito de la Universidad Nacional de Cuyo, aseguró que “el imputado conoce y comprende el lenguaje de señas argentina (LSA) y tiene las condiciones necesarias para estar y comprender lo que sucede en el juicio”.
