La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó esta tarde la recusación en su contra presentada ayer por la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en la que se investiga el atentado en su contra ocurrido el 1° de septiembre.
La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la Cámara Federal porteña, para que sea el tribunal de apelaciones el que decida si le corresponde seguir interviniendo en la causa.
Los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, le habían achacado el lunes a la jueza un accionar «como mínimo, negligente» desde «el primer día de la investigación», cuando se reseteó el teléfono del agresor, y habían reclamado que se apartara de la causa por temor de parcialidad.
«La presunta parcialidad de la suscripta que fuera alegada por la querella, no vislumbra correlato alguno con datos objetivos de la pesquisa, que permitan fundar la posible existencia de un temor de parcialidad de esta jueza», sostuvo la magistrada en la resolución a la que accedió Télam.
Las diferencias entre la jueza y la querella surgieron a partir de la línea de investigación vinculada al diputado nacional Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, a quien un testigo dijo haberlo escuchado en un bar hacer supuestas referencias al atentado contra la vicepresidenta dos días antes de que ocurriera.
La querella siempre se quejó del hecho de que la jueza se negara a secuestrar los teléfonos celulares de las dos asesoras que acompañaba a Milman el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, según un testigo de la causa, habría pronunciado la frase: «Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa».
La jueza expuso los motivos de aquel rechazo, que se encuentra apelado ante la Cámara Federal porteña y relató las medidas dispuestas en relación a esa pista a la vez que aseguró que aún se investiga en la causa el posible vínculo entre una de las asesoras de Milman con una persona que habría tenido vínculo con los imputados.
Antes de adentrarse en los motivos del rechazo, la jueza dedicó más de 20 páginas a realizar un repaso de cómo se desarrollaron las líneas de investigación denominadas «David-DEA», «Joa», «Marcodina SA», «Carroll» y «Milman», en el que reseñó cuáles fueron las medidas propuestas por la querella y cuáles (y en qué momento) las ejecutadas por el juzgado.
«Corresponde destacar que fueron exploradas todas las hipótesis investigativas traídas a esta sede, incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración», sostuvo la jueza en un pasaje del informe con el que rechazó su recusación.
Al momento de adentrarse en el rechazo, afirmó: «Debo señalar que el planteo que motiva el presente pronunciamiento adolece de un vicio que impacta de manera directa en el análisis de su admisibilidad formal. Es decir, entiendo que la presentación a estudio fue realizada en forma extemporánea. De lo que deriva, perentoria e inadmisible».
«En efecto -continuó-, si bien las referencias efectuadas por la querella hacen referencia a un cúmulo de irregularidades, también se señaló haber detectado irregularidades al inicio de la investigación (más de dos meses) que a su criterio habrían sido ´suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez´, lo que hace referencia a un momento concreto que constituiría causal de recusación sobreviniente, y permite sostener que transcurrió con holgura el plazo de 48 horas que establece la ley».
La jueza incluyó en su informe una suerte de resumen de los números de la investigación del ataque fallido por el que están detenidos y procesados como coautores Fernando Sabag Montiel (el hombre que empuño y gatilló una pistola cargada y apuntada a la cara de la Vicepresidenta) y Brenda Uliarte y los supuestos participes secundarios de la tentativa de homicidio Nicolás Carrizo (empleador informal de ambos en la venta de copos de nieve) y Agustina Díaz (excarcelada, amiga de Uliarte).
«Se fueron llevando a cabo distintas diligencias, entre ellas 61 declaraciones testimoniales, 17 allanamientos, se libraron exhortos nacionales e internacionales, se ha solicitado colaboración a organismos de índole internacional como ser el FBI, se peritaron 43 aparatos de telefonía celular, se efectuaron 4 detenciones, se formaron más de 20 incidentes o legajos, y se conformaron 17 cuerpos en papel, y un total de más de 25.615 fojas del expediente digital», resumió la jueza.
«Asimismo, se ha propiciado la intervención de distintos organismos especializados que vienen coadyuvando para el éxito de la investigación, entre ellos la DAJUDECO, UFECI, DATIP, UFIARM, PFA, PSA, PROCELAC, UIF, entre otros. Esto permite poner en evidencia la importante tarea desarrollada», completó.
La magistrada dedicó la parte final de su escrito a responder, de a uno, los cuestionamientos que le realizara la querella en relación al abordaje de distintas líneas de investigación, como por ejemplo la pista Carrol, referida al militante y referente de la Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel mencionó en una carta en la que le asignó la misión de designarle un abogado defensor.
La jueza señaló que, aún cuando Carrol no estaba imputado, se dispusieron medidas como un análisis de ubicaciones de antenas de telefonía celular para constatar si se había reunido con los imputados y luego relató por que no secuestró los teléfonos celulares del militante derechista ni de su amigo Martín Almeida, quienes habían tenido algún contacto con Uliarte y Sabag Montiel.
«Como puede observarse, la suscripta en ningún momento decidió ´frenar esta línea´ como sostiene la querella. Es más, la querella no apeló la decisión por la cual esta judicatura no hizo lugar al secuestro de los teléfonos de Carroll y Almeida, como así tampoco la citación a prestar declaración testimonial de los nombrados, que fuera postulada por el Ministerio Público Fiscal», sostuvo.
Carrol fue citado finalmente en la causa como testigo y durante la declaración dijo que tenía dos teléfonos celulares: entregó voluntariamente uno que solo tenía información desde el día 24 de octubre (día anterior a su declaración), mientras que se llevó el otro dispositivo, que dijo que utilizaba «para la política».
«Es llamativo que la querella, quien participó de la audiencia, no recuerde que el testigo al momento de prestar declaración testimonial no solo exhibió sus dos teléfonos, sino que refirió que borraba sus mensajes. Asimismo, esa parte tampoco solicitó el secuestro de ambos teléfonos, como sí lo hizo con otros testigos», expuso la jueza.
«Conforme a lo sostenido previamente, y sin adentrarme en las descalificaciones propiciadas por la querella, no solo hacia mi investidura, sino incluso a mi persona en particular -vale señalar, propias de otros ámbitos y lejanas al ejercicio profesional del derecho-, lo cierto y concreto es que los argumentos presentados no evidencian la necesidad de mi apartamiento en estos actuados», sostuvo la jueza.
