El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, cuestionó ayer en duros términos al presidente Mauricio Macri por el desmantelamiento del Inta y el Senasa, además de la intención (por ahora descartada) de implementar por decreto una ley de semillas que favorecería a los grandes laboratorios internacionales con mayores ganancias por la “propiedad intelectual” de sus productos. “No ha habido un gobierno tan antiempresarial y anti pyme como es éste”, afirmó el productor ganadero.
En tanto, al ser consultado sobre su apoyo al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, Salas explicó que “hay una cuestión que es central: la rentabilidad. En ese sentido hay que tener una mirada de arco, no direccional sino amplia”. “No es lo mismo un productor medio o arrendatario de soja, maíz o trigo, que ha tenido un excelente año en virtud del nivel de lluvias y que ha podido recuperar el quebranto del año pasado con la sequía histórica, vinculado al mercado externo que también fue favorecido con la devaluación y que por la libre disponibilidad pueden traer sus divisas cuando tiene ganas; que un productor ganadero que vende a un frigorífico y está vinculado al mercado interno”, graficó el dirigente en una entrevista con el matutino porteño Página 12.
A continuación, aseguró que “en el llamado ‘campo’ no son todos sojeros, hay una diversidad inmensa de productores”. “Entonces, ¿si la mayoría es mercado internista a quien va a votar?, lo hace en defensa de los intereses propios”, afirmó. Respecto de la promesa de Macri de eliminar las retenciones a las exportaciones de granos y oleaginosas, fue tajante y advirtió que “ha sido un compendio de mentiras”. “De promesas con Macri ya no podemos hablar: ya prometió pobreza cero, que los trabajadores no iban a pagar Ganancias y no sé cuántas otras más”, recordó Salas.
Finalmente, calificó como el “regreso a la Década Infame” la propuesta de productores tucumanos de pagar 5.000 pesos a sus peones si el actual jefe de Estado entra al ballottage en octubre. “La verdad es que me da vergüenza ajena. Es un agravio. No se me ocurriría jamás decirle a un empleado qué es lo que tiene que votar. Me parece una práctica política que ya creíamos desterrada, que era como la década del ’30: llegaban los camiones con los peones, le pedían los documentos y después le decían ya votaron”, concluyó.
