A través de una resolución difundida este mediodía, el juez insistió con su pedido de desafuero de la senadora y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos «con el fin de cumplir con la prisión preventiva» dispuesta en este expediente y confirmada en segunda instancia. Fernández está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita.
La causa comenzó cuando un periodista de La Nación acercó al fiscal Carlos Stornelli las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Barata, el segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y Obras Públicas. Los originales de los cuadernos nunca se encontraron y los principales cuestionamiento recayeron sobre la forma en que llevaron la investigación Bonadio y Stornelli, involucrado por un falso abogado en una red de extorsión.
Uno de los puntos más polémicos es que en la causa hay una treintena de arrepentidos pero no se realizo ningún registro audiovisual de eso para su evaluación posterior, como lo establece la ley.
Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo de los acusados por este expediente y dos de sus derivaciones se cuentan el propio Baratta, hoy detenido al igual que De Vido, como así también el ex secretario de Obras Públicas José López y Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi).
A ellos se suman, entre otros, el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y los empresarios Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Eurnekian, Alberto Taselli, Alejandro Pedro Ivanissevich, Hugo Dragnetti y el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, entre otros.
El juez resolvió sobreseer a los empresarios por el delito de asociación ilícita, y sólo deberán responder como acusados por cohecho activo. Asimismo, sobreseyó de la acusación a los integrantes de La Cámpora Eduardo «Wado» de Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Julián Álvarez, y al empresario Sergio Szpolski.
