Mientras la Legislatura provincial continúa debatiendo en comisiones los alcances de un proyecto de ley que busca limitar el alcance de las protestas sociales con el objetivo de asegurar la libre circulación vehicular y de transeúntes, la Policía de Córdoba desplegó ayer un amplio operativo de seguridad durante la realización de una nueva manifestación de organizaciones piqueteras, desarrollada en el centro de nuestra ciudad.
El procedimiento fue supervisado por la propia titular de la institución policial, Liliana Zárate Belletti. La cuenta oficial de Twitter de dicha fuerza informó que, durante el desarrollo de la movilización, personal específico se encargó de analizar desde la Sala de Situación de la Jefatura de Policía, el “dispositivo de prevención a través de las diferentes cámaras y domos instalados en distintos sectores”, en inmediaciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia.
El operativo se concretó a los siete días de que la Policía evitara un acampe de los piqueteros, y días después de que se conociera la nueva política de “tolerancia cero” que lleva adelante la Justicia provincial. Este cambio de criterio derivó en que ayer se registraran fuertes cuestionamientos por parte de los referentes del Polo Obrero y de Libres del Sur.
Sobre el particular, el líder nacional del PO, Eduardo Belliboni, se sumó a la marcha desde donde criticó la “criminalización de la protesta social”. “En Córdoba acompañando a los trabajadores de Atanor que denuncian 24 despidos sin causa y como un ataque anti sindical. Basta de ajuste y criminalización de la protesta social. Fuera el FMI! Por un paro nacional y un plan de lucha por un salario igual a la canasta familiar”, resumió Belliboni.
A su turno, Soledad Díaz García, también del PO, aseguró que “la intentona represiva de (el gobernador, Juan) Schiaretti no sofocará la creciente movilización popular contra el ajuste en un cuadro de crisis generalizada”.
Por su parte, Marisa Cariddi, coordinadora provincial de Libres del Sur Territorial Córdoba, calificó de “graves” las declaraciones de la jefa de Policía en las que “reconoció que las áreas de inteligencia tienen identificados a los `cabecillas´ de las organizaciones sociales, a quienes el juez de Control (número 10) Juan Manuel Fernández López pidió cercar penalmente”.
“En realidad, esa inteligencia la tienen que usar para perseguir a los delincuentes y narcotraficantes que vienen haciendo estragos con la seguridad. No para perseguir a dirigentes sociales quienes son públicos, como si fuera la dictadura”, arremetió Cariddi.
“Se llegó a un punto crítico”, advirtió el juez Fernández López
El titular del Juzgado de Control número 10, Juan Manuel Fernández López, reveló ayer que en los próximos días deberá decidir si da lugar al pedido de un grupo de vecinos del centro de la ciudad ante el “avasallamiento y las perturbaciones permanentes, irrestrictas e ilegítimas” que habrían provocado las manifestaciones.
Tras dos audiencias en las que participaron el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, el secretario de Seguridad, Claudio Stampalija, la jefa de Policía, Liliana Zárate y los funcionarios municipales Juan Manuel Aráoz (Tribunal de Faltas) y Daniel Varizat (asesor letrado), el juez los volverá a reunir antes de tomar una resolución judicial para que el gobierno provincial actué contra los piquetes.
Solo resta que la Municipalidad presente en la Justicia el informe sobre el impacto de las manifestaciones en el ejercicio de sus funciones y en los bienes y el espacio públicos.
“Se llegó a un punto crítico, este habeas corpus marcó un antes y un después”, sostuvo Fernández López en declaraciones al diario La Voz del Interior. “No recuerdo que se haya planteado anteriormente la búsqueda de una solución con esta profundidad en Córdoba”, agregó el juez.
Por estos días se está definiendo si en el futuro seguirá habiendo piquetes, cortes y acampes en el centro de Córdoba o si la Policía deberá impedirlos siempre. La intervención judicial ocurrió por una presentación de vecinos que pidieron que la Justicia impida que las manifestaciones provoquen inconvenientes en la vida de cientos de miles de ciudadanos y causen daños económicos a comerciantes.
Fernández López señaló que están haciendo un seguimiento de las manifestaciones piqueteras –como se hizo público el jueves de la semana pasada– e insistió en que se debe “atacar penalmente a los referentes de las organizaciones” que promueven los cortes de calles. “No hay que confundir a la sociedad, porque molestar a los otros no es la única forma de protesta, hay otros métodos”, advirtió el magistrado al recordar que Mendoza logró prohibir los piquetes.
