La filtración de datos de la empresa Movypark, que dejó expuesta información sensible de miles de usuarios, provocó una ofensiva legislativa de la oposición en el Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Por un lado, el concejal electo de Hacemos por Córdoba, Diego Casado, solicitó ayer la nulidad administrativa del contrato de concesión que cerró el Palacio 6 de Julio con la compañía encargada del cobro del estacionamiento medido.
Por su parte, el edil de la misma fuerza, Santiago Gómez, aseguró que la irregularidad registrada días atrás fue una “negligencia grave” de la firma y, al cierre de esta edición, analizaba pedir una resolución para que la Municipalidad diera de baja el convenio con Movypark. El concejal dijo incluso que la empresa está al borde de incurrir en la suspensión del servicio por causas atribuibles a ella durante tres días consecutivos.
Sin embargo, desde la Municipalidad de Córdoba aseguraron en la víspera que el servicio “está funcionando” y que el colapso que se observó en los últimos días estuvo vinculado a una masiva descarga de la aplicación. En concreto, desde el Ejecutivo Municipal advirtieron que se registraron alrededor de 62.000 descargas.
Por otra parte, fuentes del municipio informaron que a partir de hoy volverá a regir la obligatoriedad del pago del estacionamiento medido y que se labrarán actas a los automovilistas que estacionen sus vehículos sin realizar el pago por los medios disponibles (SMS, Puntos de Pago o carga y la App MovyParkCórdoba). Horas antes de la confirmación, el intendente Ramón Mestre aseguró que van a auditar a la empresa. “Estamos tratando de contratar a alguien independiente que haga un relevamiento para saber si está funcionando como corresponde y evitar que se hayan producido daños”, dijo el titular del Palacio 6 de Julio en declaraciones radiales.
Las iniciativas de Casado y Gómez, y el anuncio de Mestre surgieron a partir del informe publicado, días atrás, por el diario La Voz del Interior. Se sumaron, de esta manera, a una denuncia penal que el abogado Emilio Bovo ya había presentado el martes pasado ante la Justicia de Córdoba. Finalmente, los concejales de Fuerza de la Gente también pidieron información detallada sobre la aplicación de la empresa y la protección de los datos. Para el concejal Martín Llarena, la falla es tan preocupante como “el desconocimiento acerca de la manera en la que esta empresa protege y utiliza los datos brindados por los usuarios”.
