LA PAZ.- El gobierno de facto comandado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez en Bolivia redobló la represión de las protestas sociales en favor del ex mandatario Evo Morales con un saldo trágico: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó hasta el domingo “por lo menos 23” muertos desde el estallido de la crisis en octubre pasado, a la vez que cuestionó el Decreto 4078 sellado por la mandataria que institucionalizó la política represiva de las manifestaciones. En Buenos Aires, a su vez, organizaciones sociales realizaron una multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo (foto) en repudio al golpe comandado por Áñez en Bolivia.
Áñez sancionó en efecto el viernes un decreto que deslinda de cualquier responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno” (ver La presidenta…), en un gesto que terminó de confirmar la deriva autoritaria del gobierno de transición. Las consecuencias del DNU no tardaron en hacerse visibles: el sábado, las fuerzas combinadas del Ejército y la policía reprimieron duramente las protestas ciudadanas en La Paz y Cochabamba, convertida en el centro de resistencia a Áñez, donde se registraron nueve muertes. La propia CIDH repudió “el grave decreto de #Bolivia que desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta”.
Pero la flamante mandataria no se detuvo en su política persecutoria, pues horas después anunció la creación de un “aparato especial de la Fiscalía” para detener a legisladores que, según las autoridades, estén acusados de “subversión” y “sedición”; mientras su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió a los “sediciosos” que “empiecen a correr”.
Aun así, las manifestaciones ciudadanas comandadas por el movimiento indígena en reclamo de la renuncia de Áñez siguen firmes en las calles del país, en especial en una capital literalmente paralizada por los manifestantes –que comienza a sufrir un creciente desabastecimiento de alimentos y combustible- y la provincia de Cochabamba, donde se encuentra la región cocalera del Chapare, en la que surgió el ahora ex mandatario.
Desde México, Morales repudió la represión y reiteró su llamado a pacificar el país, solicitando incluso a sus seguidores que abandonen los enfrentamientos. Es más, en las últimas horas aseguró que está dispuesto a bajar su candidatura a la reelección en unos virtuales nuevos comicios para “volver a Bolivia y pacificar el país”. “Déjenme volver y terminar mi mandato”, aseveró en la cadena Al Jazeera, donde confesó tener “mucho miedo” de que la crisis derive en “una guerra civil”. Por fin, consideró que España, la Unión Europea y los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero o José Mujica podrían funcionar como mediadores para resolver el conflicto.
A su vez, en una entrevista con la BBC, Áñez culpó a Evo de la crisis que vive el país y aseguró que “Morales debe responder ante la justicia porque se fue de la manera más cobarde”. “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo pierda su personería jurídica”, advirtió Áñez, que ratificó su intención de convocar cuanto antes a nuevas elecciones.
Para conseguirlo, hoy tendrá que enfrentar una cita clave en el Parlamento -dominado por los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS)- que tratará la renuncia de Morales y el proceso para convocar a nuevas elecciones. Por último, la iglesia católica llamó a un diálogo entre el “Gobierno interino” y todos los partidos políticos para restaurar la paz y poner fin a la crisis del país.
La presidenta Áñez les da inmunidad a las FF.AA.
La defensora del Pueblo de Bolivia, Cruz Tarifa, presentó ayer un pedido de inconstitucionalidad contra decreto 4078 firmado el viernes por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, que exime de cualquier responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas para reprimir las movilizaciones sociales. “Hay que recordarles a los policías y militares que consideren que este decreto les da un margen de protección que no es así”, advirtió la defensora del pueblo y exigió no “olvidar las muertes” ocurridas en Cochabamaba el fin de semana.
El ya tristemente célebre DNU deslinda de responsabilidades penales a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública” y establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió la iniciativa al considerar que “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta”.
Amenazan con perseguir a los dirigentes del MAS
En un clima de creciente tensión, el gobierno de Jeanine Áñez anunció la creación de un “aparato especial de la Fiscalía” para detener a legisladores opositores que alienten la “subversión” y la “sedición”, según su particular interpretación de la resistencia opositora. El anuncio fue del polémico ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que la semana pasada advirtió a los “sediciosos” que “empiecen a correr”.
Murillo dijo que tenía una lista de senadores y diputados del MAS que estaban “incitando a la violencia” y que tomaría acciones legales en su contra: “Se los va a empezar a detener con órdenes del Ministerio Público. Voy a armar un aparato especial de la Fiscalía porque no podemos permitir que esto siga”, advirtió. A su vez, la nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, criticó a los “periodistas o pseudoperiodistas que están haciendo sedición”, y los amenazó con una persecución. “Ya se tiene identificado a los periodistas extranjeros que están causando sedición y el Ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto”, anticipó la funcionaria.
La ONU se pronunció contra la escalada de la violencia oficial
Luego de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los seguidores de Evo Morales en la región de Cochabamba, que el sábado dejaron nueve muertos en Sacaba, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que el “uso innecesario o desproporcionado” de la fuerza puede llevar la situación del país a “salirse de control”. “Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos”, aseguró el domingo la ex presidenta chilena, que llamó a calmar los ánimos en el país.
A su vez, la iglesia católica convocó ayer al gobierno interino y a todos los partidos políticos a un “diálogo” para “pacificar el país y consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales”. “El diálogo es el camino para superar las diferencias entre bolivianos”, dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa.
