Con el inicio de una nueva etapa histórica en la democracia de Córdoba, se realizó ayer la primera sesión ordinaria de la Legislatura Unicameral en su nuevo edificio ubicado en el predio del Centro Cívico, dejando atrás más de 100 años de debates en su antiguo hemiciclo céntrico de la ciudad.
La Legislatura provincial, por iniciativa de su presidente provisional, Oscar González, aprobó en la víspera una suspensión por 180 días de la entrada en vigencia de la ley número 10.596, que contempla la implementación del nuevo Código Procesal del Trabajo por parte del Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, de manera total o parcial.
La norma se había sancionado para acelerar la mayoría de los juicios laborales en un plazo máximo de seis meses y, en cambio, se comenzará a instrumentar a partir de abril de 2020, en la primera circunscripción judicial. La crisis financiera por la que atraviesa el país, y que golpea a Córdoba, obligó al gobernador Juan Schiaretti a dar marcha atrás en las reformas judiciales avaladas por la Unicameral, como así también en la aplicación de otras leyes como la de Seguridad Eléctrica.
De esta forma, su puesta en marcha no desvirtuará los fines que la ley de reforma al procedimiento del fuero laboral tuvo al momento de su sanción, que no es otro que el de agilizar el trámite procesal de aquellos juicios laborales que no requieren un debate causal amplio, logrando en esos casos una pronta solución a través del diseño de un proceso ágil, concentrado y oral, que no demore más de seis meses hasta su finalización.
Los legisladores participaron ayer de la primera sesión en la nueva sede de la Unicameral cordobesa
El año pasado ingresaron al fuero laboral 21.600 causas de las cuales se resolvieron 11.000 que tuvieron, en promedio, un proceso de cinco años de duración. La razón para agilizar el procedimiento laboral era para acelerar el cobro de indemnizaciones para despidos sin causa, y en casos de accidentes laborales, que conforman el 56% de los expedientes en este fuero según las estadísticas del Ministerio de Justicia.
La ley que prorroga hasta el año que viene la aplicación del nuevo procedimiento laboral se fundamenta –además de la falta de recursos económicos – en la necesidad de “dar tiempo suficiente a los operadores del fuero a adaptarse a los cambios introducidos en la reforma y complementarlos con la reciente digitalización de los expedientes tramitados en el fuero”, explicó González en los fundamentos de la iniciativa.
También se considera conveniente que comience la implementación progresiva con algunas de las causales previstas en el artículo 83 bis de la ley 10.596, para que la reforma pueda llevarse a cabo con la estructura actual de los juzgados de conciliación, sin perjuicio de que a futuro se amplíe.
En junio de este año, por razones presupuestarias, la Unicameral suspendió la creación de ocho juzgados necesarios para implementar los cambios impuestos en el fuero laboral, cinco juzgados laborales en la ciudad de Córdoba y tres en Río Cuarto, San Francisco y Villa María, respectivamente.
En la víspera, el Poder Legislativo facultó al Tribunal Superior de Justicia para que, progresivamente, disponga la implementación de las restantes sedes del interior de la provincia.
