El conflicto desatado en el ámbito de la salud de Córdoba sumó ayer un nuevo capítulo luego de que la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa) anunciara el viernes pasado que ya están cobrando copagos a los afiliados o lo harán en los próximos días, con montos que varían de acuerdo con la complejidad de la prestación. Como esas instituciones funcionan de manera independiente, cada una establece si implementa dicha medida y cómo la lleva a la práctica.
En respuesta a esta novedad, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba advirtió en la víspera acerca de “la situación crítica que atraviesa el sistema de salud” y que “deriva, pese a años de alertar sobre la problemática, en el perjuicio de los pacientes”.
Sobre el particular, la entidad aseguró en un comunicado que “esta situación es consecuencia de una serie de errores que cometen distintos actores del sistema y que luego termina afectando a los prestadores –instituciones o trabajadores de la salud– que son los que toman contacto directo con los pacientes y sus padecimientos”.
En tal sentido, el Consejo de Médicos detalló que “hay dos situaciones que ya desde hace varios años complican innecesariamente a los establecimientos y profesionales, y que deben resolverse para evitar las soluciones que afectan a los ciudadanos”.
“Una de ellas –continuó detallando en el escrito- es la demora de, en promedio, tres meses por parte de prepagas y obras sociales para pagar una práctica médica o un estudio. Ese retraso tiene una causa histórica: antes, ese lapso se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosas en la época de tramitación analógica. Pero hoy, con la digitalización, todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable y, en tiempos de inflación, altamente gravosa para entidades y médicos”.
Por tal motivo, consideró que las financiadoras “deben acortar los plazos de pago para evitar el quiebre de las instituciones”.
Otra asimetría entre financiadores y prestadores de salud a la que aludió el Consejo de Médicos de Córdoba “se verifica cuando hay una disidencia por el cobro de una práctica. En esos casos, los financiadores primero debitan el monto y luego se analiza la situación. Debería ser al revés: investigar la pertinencia de la práctica primero y después, si corresponde, debitarla del siguiente cobro. De lo contrario, se descuenta al prestador `por las dudas´, antes de que esté definida la causa de la discrepancia y cuál de los actores tiene razón en la controversia”.
“Los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema no deben pagarlos los prestadores, sino aquellos que, mes a mes, perciben –sin demoras– un ingreso por su cobertura, es decir las financiadoras. No deben hacerse cargo ni los establecimientos, ni los trabajadores de la salud, ni los pacientes”, reflexionó la entidad provincial.
El problema de fondo se agravó a partir de la devaluación del peso tras las elecciones primarias del 13 de agosto. Las clínicas y sanatorios privados aseguran que las obras sociales pagan las prestaciones con demoras (entre 30 y 90 días) lo que impacta en un marco de alta inflación. Además, indican que los montos percibidos por esas prácticas están muy por debajo del valor real y solicitan una actualización. Plantean el aumento de los costos que registran, reveló el diario La Voz del Interior.
A su turno, los nefrólogos de Córdoba ya no reciben nuevos pacientes. Así lo anunció la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro (Apheytrc). La asociación informó que los centros de diálisis de Capital y de la provincia no recibirán nuevos pacientes de diálisis, ya que sostienen no estar en condiciones de brindarles el tratamiento dialítico correspondiente. También el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba anunció que la devaluación está impactando en las finanzas de algunas farmacias, sobre todo las barriales.
Por su parte, la obra social de empleados y jubilados provinciales (Apross) anticipó el viernes último que intimaría a las instituciones que incumplan con los convenios y que trasladen a los afiliados los gastos por copagos. Fuentes de la obra social provincial indicaron aplicarían “un régimen sancionatorio que establece apercibimientos y multas en diferentes escalas monetarias según la infracción”.
En el caso de la obra social de jubilados nacionales (Pami) amenazó con realizar “descuentos en la facturación o bajas como prestador” a las instituciones que cobren plus o coseguros.
Cossar: “Pedimos que Apross pague todo lo que debe”
Frente a este cuadro de situación, el legislador provincial del bloque Juntos UCR, Marcelo Cossar, advirtió que “600.000 cordobeses van a tener que pagar de más por la deuda que el Gobierno de Córdoba mantiene con las clínicas, sanatorios y demás centros de salud prestadores del servicio sanitario que mantienen convenio con Apross. Pedimos que el gobierno provincial regularice su deuda de manera urgente”.
Además, solicitó que el Estado provincial “actualice honorarios de profesionales, cumpla con los plazos de ley y garantice la transparencia de las prestaciones para que todos los afiliados puedan acceder a la salud”.
