El Gobierno oficializó la prórroga de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 29 de febrero próximo para la modificación de las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y el Servicio Exterior, que rige para magistrados y diplomáticos. A través del decreto 56/2019 publicado el pasado sábado, se señala como temas a tratar: el proyecto de ley para modificar la Ley de Jubilaciones y Retiros para Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación N° 18.464 y sus modificatorias y otro para modificar la ley que establece el Régimen jubilatorio específico para el Personal del Servicio Exterior de la Nación N° 22.731.
No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio es en el caso de los jueces y los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares”, dijo el viernes último el presidente Alberto Fernández al anticipar el decreto en declaraciones a la prensa. El anuncio del jefe de Estado ocurrió en simultáneo con el trámite exprés que daba el Senado de la Nación al proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que finalmente se convirtió en ley en la madrugada del sábado.
Queremos recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad”, sostuvo Fernández al defender los cambios previsionales previstos en la ley de emergencia, uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa. Se escuchan muchas voces de la oposición, de los que gobernaron hasta hace muy poquito y dejaron lo que dejaron, y no advierten que esta ley va a beneficiar a mucha gente, y propone una revisión del sistema jubilatorio tratando de garantizar un modo de actualización que sea justo para jubilados”, añadió. Fue en este contexto en que Fernández tomó la decisión de modificar las jubilaciones de privilegio, cuando una lluvia de críticas amenazaba con entorpecer –o al menos quitarle consenso- a la aprobación de la emergencia económica.
Finalmente, la Cámara de Senadores convirtió en ley la norma dispuesta en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas en el que 33 senadores, sobre 65 presentes, hicieron uso de la palabra.
Menos asesores y choferes
Como respuesta oficial a la fuerte presión social que surgió luego de que se hiciera público que diversos regímenes jubilatorios especiales habían quedado eximidos de la suspensión de la movilidad jubilatoria, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró en varias entrevistas a medios de comunicación, que el ajuste también estará llegando a la política. Cafiero anunció el sábado último que el Poder Ejecutivo está preparando un ajuste en el gasto político”, que incluye modificaciones administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, entre otras medidas. También tiene que haber un ajuste en el gasto político y eso se está haciendo”, dijo el jefe de Gabinete en diálogo con CNN radio. Y detalló que el Gobierno está preparando normativas administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, por ejemplo, para ajustar ahí”.
Revisarán los créditos UVA
El Banco Central quedó facultado por ley a revisar las condiciones de créditos hipotecarios UVA y planes de ahorro, con el fin de intentar suavizar el impacto social y económico” de este tipo de préstamos cuyas cuotas se dispararon por efecto de la inflación. La flamante ley de emergencia económica le da al Central, en su artículo 60, atribuciones para modificar las condiciones en que fueron otorgados créditos hipotecarios bajo la modalidad UVA y los planes de ahorro para compras de vehículos. Así, se pondrán a revisión aquellos préstamos para la vivienda en los que las cuotas y la deuda se ajustan a la par de la inflación (UVA) y los planes donde varía según el precio de lista del vehículo. También lo faculta a estudiar mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.
