Los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de varias empresas estatales de Córdoba se posicionaron contra el proyecto de “ley ómnibus” del gobierno de Javier Milei que promueve la privatización. Los mismos apuntan a un impacto negativo en el sistema productivo provincial que acecha “el núcleo de dependencias estatales nacionales forma parte de las primeras semillas que fundaron la Córdoba industrial”.
ATE tiene presencia mayoritaria como representante gremial de 3.517 trabajadores en las empresas estatales de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero, Dioxitek, VENG y la Central Nuclear de Embalse. Asimismo, Radio Nacional es un sector recientemente incorporado y FADEA (Fábrica Argentina de Aviones) se destaca como una entidad con históricos vínculos con ATE.
Frente a este panorama, señalan que en cada uno de estos sectores hay razones productivas, financieras y sociales que cumplen un rol fundamental en la producción industrial provincial. Claudio Esteban, delegado de ATE en VENG, explica que la empresa dedicada al desarrollo satelital, ubicada en el predio de Falda del Cañete, cuenta con 500 empleados con “altísima capacitación”.
En ese sentido, Esteban afirmó: “La privatización de la empresa implica la pérdida de una herramienta estratégica fundamental para el país como son los servicios satelitales. Es una tecnología que aporta a los controles territoriales, sanitarios, agropecuarios. Carecer de estos servicios en el Estado implica gastos multimillonarios para el país”.
Por otro lado, en el caso de Radio Nacional Córdoba, el delegado Gonzalo Puig, señala que “la privatización de los medios públicos nacionales, afecta a la construcción de ciudadanía y a la soberanía informativa”. En ese sentido destacó que la radio cuenta con 49 emisoras a lo largo y ancho del país, para luego remarcar que “la comunicación es más que un negocio, es un bien cultural y un derecho humano”. El delegado concluye diciendo que “desde ATE rechazamos esta política de privatizaciones y estamos para defender el Estado”.
Las Fábricas Militares, en el centro del debate
Otro caso es el de Villa María, donde la planta de Fabricaciones Militares cuenta con unos 240 trabajadores entre su área administrativa y la productiva.
El secretario General de la Junta Interna, Jonathan Cruzeño, afirmó que la fábrica “tiene contratos con una empresa de Perú, a la cual exportamos un componente activo que se usa para la elaboración de dinamitas. También hacemos pólvoras para balas de cañones de gran calibre, y nitrocelulosa, que se utiliza para pólvoras o la fabricación de explosivos propios”, explica.
En esa línea, subrayó que FFMM no da pérdidas, ya que “es una fuente de ingreso de dólares al país porque estamos exportando lo que producimos”. Del mismo modo enfatiza Mayra Luján, delegada de ATE de la Fábrica Militar de Río Tercero, quien indicó que la empresa no produce solamente para el Estado, sino también para “privados que no consiguen mano de obra calificada y nos contrata”.
