«Esperamos reunirnos con la ministra y con quien designe a cargo de la Subsecretaría de violencias porque son políticas urgentes, que no pueden interrumpirse por cambios de gestiones. Es imprescindible que ratifiquen su compromiso con las obligaciones que ha asumido el Estado en relación las violencias por razones de género», dijo a Télam Natalia Gherardi del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una de las 14 ONG firmantes.
La nueva gestión de Gobierno decidió que no continuará el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y las políticas públicas igualitarias quedan ahora bajo la órbita de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
La nota, entregada el 16 de enero y que las organizaciones decidieron difundir hoy, presenta un diagnóstico respecto a la situación en materia de violencias de género «y se enuncian hacia el final los temas de preocupación a ser conversados durante la reunión solicitada», dice el escrito al que accedió Télam.
Prevenir la violencia de género es el eje de la propuesta de las organizaciones sociales, que resaltan que el femicidio «es la manifestación más extrema» de esta violencia «que es necesaria prevenir».
Los últimos datos oficiales del Registro de Femicidio de la Corte Suprema revelan que durante el 2022 (último informe oficial) una mujer fue asesinada por un hombre cada 35 horas, totalizando 252 femicidios en el país.
«Garantizar el derecho a una vida libre de violencias para mujeres y personas LGBT+ es un deber del Estado argentino de acuerdo con las obligaciones que ha asumido» tanto a nivel local, regional e internacional, resaltan las ONG.
Las organizaciones enfatizan que «en tiempos de crisis económica es imperioso fortalecer la autonomía económica de las mujeres y las diversidades», y aportan estadísticas oficiales que muestran que «ellas son las más afectadas por la pobreza: dentro del decil más pobre, 6 de cada 10 personas son mujeres».
Asimismo, señalan que la prevención y atención temprana de los hechos de violencia «permite un uso más eficiente de los recursos del Estado» y aportan cifras de la investigación ‘Invertir en prevención de la violencia doméstica: ¿opción o necesidad?’ que «demostró que al Estado le cuesta hasta 22 veces más intervenir en los casos de violencia donde la mujer se encuentra en riesgo alto / altísimo frente a los costos de intervenir en situaciones de bajo riesgo».
Una de las preocupaciones de las organizaciones es garantizar que continúe funcionando la línea telefónica nacional 144 de atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia por motivos de género, que también cuenta con un whatsapp, un mail y un sistema de videollamadas para personas sordomudas.
Los datos oficiales revelan que, desde su creación en septiembre del 2013, la línea atendió en promedio 125.000 llamados al año.
«La línea 144 presenta un alto nivel de eficiencia: es el segundo dispositivo de atención más conocido entre las víctimas de violencia, siendo mencionado por el 85,4% de las mujeres encuestadas, muy por encima de los organismos de la policía (62,9%)», aportan las ONG en el diagnóstico.
También piden que continúe el programa Acompañar iniciado en 2021 que estipulaba un apoyo económico y psicosocial para quien estuviera en situación de violencia de género, política pública definida por las organizaciones como «una herramienta fundamental para promover mejores oportunidades de inserción laboral y autonomía económica» a las sobrevivientes de maltratadores.
Los datos oficiales indican que accedieron al programa 352.000 mujeres y personas LGBTIQ+ de las cuales «el 86% tienen al menos un hijo (…) por lo que tuvo un impacto positivo en más de 625.097 niños, niñas y/o adolescentes. Además, 10.655 destinatarias se encontraban embarazadas o lo estuvieron recientemente».
Además, las ONG pidieron que se sostenga la ley Micaela que estipula la capacitación a todas las personas que integran los tres poderes del Estado para incorporar la mirada de género en todas las instancias de la vida pública «y prevenir que se repitan las circunstancias que permitieron el femicidio de Micaela García», en cuyo memoria se nombró la legislación.
Otro eje de los pedidos de la sociedad civil pasa por fortalecer las áreas de género municipales y provinciales que «son un actor estratégico de coordinación de recursos y programas cuya existencia puede ayudar a un uso más eficiente y con mayor impacto de los recursos locales».
Y bregan por la continuidad de la educación sexual integral, ley que este año cumple 18 años desde su sanción y que «ha permitido que entre el 70 y 80% de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años comprendieran que habían sufrido abuso sexual».
El informe y pedido de reunión con Pettovello lleva la firma de Natalia Gherardi (ELA); Georgina Sticco (Grow- Género y Trabajo); Gabriela Liguori (Comisión Argentina para Personas Refugiados y Migrantes -Caref); Monique Thiteux Altschul (Fundación Mujeres en Igualdad); Sandra Chaher (Comunicación para la Igualdad Asociación Civil), Marcia Baranovsky (Fundación Siglo XXI de Jujuy) y Diana Cabral y Leticia Gauna (Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género-Corrientes)
Se suman las firmas de Mabel Beatriz Bianco (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer -Feim); Gladis Villalba (Asociación Civil Razonar y Red Federal Mujeres Abolicionistas); Ada Rico (Asociación Civil La Casa del Encuentro y Observatorio de femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano); Alejandra Benaglia (Red Internacional De Periodistas Con Visión De Género En Argentina); Paula Litvachky (Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS); Fernanda Tarica (Shalom Bait) y Mariela Belski (Amnistía Argentina).
