Después de negociaciones maratónicas, numerosas movilizaciones en las calles e incluso el polémico posicionamiento de la judicatura, el Congreso de los Diputados de España aprobó ayer el proyecto de ley que amnistía a políticos y activistas independentistas catalanes por los hechos relacionados con el fallido proceso de secesión de 2017.
Esta medida fue la palanca que permitió al presidente Pedro Sánchez permanecer en la Moncloa gracias a un pacto con las formaciones catalanas después de las elecciones del pasado mes de julio, en las que el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo fue el partido más votado.
Por esta razón, la amnistía fue el tema que dominó la agenda política española de los últimos meses, aunque en las últimas semanas había perdido protagonismo en favor de la corrupción. La aparición del llamado “caso Koldo”, que implica a un cargo de confianza del ex ministro socialista José Luís Ábalos por el cobro de comisiones ilegales en plena pandemia, y otro de fraude fiscal que protagoniza la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, añadieron nuevas dosis de bilis a la ruda política española.
La propuesta de ley fue aprobada con un total de 178 votos a favor, los del oficialista Partido Socialista (PSOE) y de todos sus aliados de la legislatura, es decir, además de los catalanes ERC y Junts, también los partidos nacionalistas vascos del PNV y Bildu, así como el BNG gallego. En contra se posicionó la oposición de derecha, el PP y Vox (172 votos).
Cabe destacar que la votación en el Congreso no significa el final de la novela sobre la amnistía, sino tan solo el final de un capítulo. El proyecto de ley ahora pasará al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Se espera que los de Feijóo dilaten todo lo posible el proceso de enmienda del texto, es decir, un periodo de un par de meses. Luego, el proyecto volverá al Congreso, que con toda probabilidad rechazará las enmiendas conservadoras, y así la amnistía quedará oficialmente promulgada.
De hecho, el mayor obstáculo que afronta la medida se sitúa en la alta judicatura española, muy politizada, y que ya se posicionó en contra. En teoría, tras la aprobación definitiva, deberían decaer todas las causas contra los independentistas, y facilitar el retorno de los exiliados, incluido Puigdemont. Sin embargo, la alta judicatura demostró hasta ahora una gran inventiva para torpedear la aplicación de la amnistía.
