El avance de la frontera agropecuaria provocó que, en 2019, la superficie desmontada en las provincias del norte de Argentina alcanzara las 80.938 hectáreas, según una medición de Greenpeace. El problema se acentúa en que una gran parte de esas tierras corresponde a áreas rojas”, es decir, lugares donde está prohibido realizar cambios en el ambiente de acuerdo con el ordenamiento territorial propiciado en 2007 por la Ley de Bosques. Ante tal escenario, Argentina se encuentra en emergencia forestal, según el relevamiento que la organización ecologista viene efectuando hace algunos años.
En 2014, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió que aquí ocurre el 4,3% de la deforestación global y que en la última década fue la principal fuente de emisiones de carbono del norte argentino”. El informe de Greenpeace dio a conocer que Salta ya no se posiciona como la provincia con mayor tasa de deforestación. Es así que de las 81.000 hectáreas que se registraron el año pasado, Santiago del Estero está en el primer lugar con 25.513, Formosa con 23.521, Chaco con 17.240 y finalmente Salta con solo 14.664 hectáreas desmontadas. En tanto, las principales causas de la pérdida de bosques son los incendios, el cultivo de soja transgénica y la ganadería intensiva.
Por otro lado, un trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015. La ONU indicó que se perdieron 7,6 millones de hectáreas en nuestro país; casi unas 300.000 por año. El 80% de la deforestación se concentró en las cuatro provincias antes mencionadas.
Otro dato particular es que, si bien desde 2014 se registra una importante disminución de la deforestación, el año pasado un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la Ley de Bosques (zonas clasificadas en las Categorías I -rojo y II –amarillo), según remarcó Greenpeace.
En este sentido, la entidad ecologista denunció que se incumplió o se forzó la ley para desmontar 27.704 hectáreas en toda la región. Este penoso ránking lo lideró Santiago del Estero con 18.679 hectáreas, seguida por Chaco con 7.683, Salta con 1.326, y Formosa con solo 16 hectáreas en zonas protegidas.
Ley de Bosques: una difícil realidad
La sanción de la Ley de Bosques (26.331) es una norma nacional argentina que regula el uso de los Bosques Nativos, dirigida a promover la gestión forestal sustentable. Ésta establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento territorial de sus bosques nativos (OTBN) mediante un proceso participativo, y categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque.
Es importante destacar que todas las provincias realizaron el OTBN, los cuales prohíben los desmontes en el 80% de las zonas forestales (Categorías I –rojo y II –amarillo). Sin embargo, los OTBN de Formosa, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires fueron muy cuestionados por organizaciones sociales. Si bien, la normativa fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil; que presionó al Congreso Nacional mediante 1.500.000 de firmas; a 11 años de su aprobación, su efectiva implementación enfrenta dificultades que deben ser resueltas de manera urgente.
Según datos oficiales, desde su establecimiento en 2007 hasta fines de 2017 se deforestaron 2,6 millones de hectáreas, de las cuales más de 840.000 eran bosques protegidos. Pero, cabe señalar, que desde 2014 se registra una importante disminución de la deforestación. Durante el periodo comprendido por el gobierno de Mauricio Macri, las deforestaciones más elevadas se produjeron en Chaco (con 130.177 hectáreas) y Santiago del Estero (con 127.527 hectáreas).
Ante tal asunto, Greenpeace, señaló que a esta altura resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente”. Y denunció al respecto: Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa”, y, por ende, reclamó que se implementen políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes.
