El Gobierno anunció hoy el envío al Congreso de un paquete de proyectos para combatir la delincuencia y el narcoterrorismo, con foco especial en la ciudad de Rosario y que incluye la modificación de la «Ley de Seguridad Interior».
Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, anunciaron en conferencia de prensa en la Casa Rosada que la decisión fue adoptada a raíz de «la crítica situación en la ciudad de Rosario», por lo que el Poder Ejecutivo avanzó en el envío de fuerzas federales allí.
La aprobación del paquete, indicaron voceros gubernamentales, permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras iniciativas.
La propuesta oficial consta de cinco proyectos en total: una iniciativa para combatir a Organizaciones Criminales (conocida como «Ley Antimafia»); otra sobre «Reincidencia y reiterancia»; una más que prevé un «Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento»; y una «Ley de Orden Público» (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la Ley de Seguridad Interior.
Petri aseguró que ante la detección de actos terroristas, el presidente Javier Milei los instruyó para «actuar con total fuerza del Estado» y realizar tareas coordinadas que involucre a todos los poderes.
El accionar implica la modificación de la Ley de Seguridad Interior para «permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y garantizar operaciones de seguridad interior en un supuesto particular que es el de terrorismo».
«Estamos impulsando en el Congreso nacional una nueva legislación para que tengamos alternativas para que las Fuerzas Armadas, ante supuestos muy específicos, puedan realizar un mayor apoyo a las tareas de seguridad interior», amplió además.
El titular de Defensa aclaró que las Fuerzas Armadas solo podrán intervenir «si el Comité de Crisis define que existen actos terrorista y con la anuencia del gobernador de la provincia donde se pueda actuar». «No es para delitos comunes», aclaró.
Según precisaron los ministros, la intención es avanzar en la modificación del Código Penal, por eso, se enviarán tres leyes autónomas caracterizadas como «necesarias», además de Seguridad Interior: la «Ley Antimafias», la de «Reiterancia» y la modificación en el registro de ADN.
Se trata de una serie de normas contempladas en la Ley Ómnibus que, amparado en su carácter de urgencia, el Gobierno optó por enviarlas en un paquete acotado.
Penas para los organizadores de piquetes
En otro pasaje de la conferencia, Bullrich sostuvo que avanzará en la reforma del artículo 194 del Código Penal para aumentar las penas de 4 a 6 años para aquellos «que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas».
La dos veces titular de Seguridad especificó que los bloqueos a comercios, industrias y a cualquier tipo de establecimiento serán penados con 4 hasta 6 años de prisión. «Hay mecanismos institucionales, el derecho a la huelga y a impedir que las empresas trabajan es algo que va a estar agravado «, argumentó.
Otros proyectos
Respecto a la presentación de la «Ley Antimafias», Bullrich destacó que se trata de una norma desarrollada en Italia y aplicada en El Salvador en la que busca penar los sucesión de hechos encadenados que fueron planificados para cumplir con el objetivo final de las bandas criminales.
«El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una organización y que son los que cometen distinto tipo de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal», afirmó, y completó: «¿Qué significa organización criminal? Es una organización que tiene en vilo a una zona o a un barrio y allí ya no rigen las leyes de la nación, sino las leyes de este grupo narco o lo que fuera».
En la misma sintonía, planteó la necesidad de implementar modificaciones en el registro de ADN para ampliarla a los malhechores a los que se los impute. «Hoy en la Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales, pero cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación», sostuvo.
La ministra insistió también en avanzar con la «Ley de Reiterancia», aplicada en la provincia de Mendoza, en la que la reiteración del delito implicará la prisión inmediata. «Si repetís delito, vas preso. Con esto cortamos con la impunidad que siente la gente», argumentó.
Por último, se modificará la Ley de Legítima Defensa: «Para eso hemos plantado un artículo 34, para cambiar esta idea de que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas aquellos que comenzaron el hecho delictual», dijo.
A través de la incorporación de elementos a evaluar, también se contemplará «el caso de que dispara mientras se va alejando del que se defiende», y concluyó: «Las fuerzas de seguridad tiene que perseguir al delito y al delincuente, es obligación defender a la sociedad de los delincuentes, y si los dejan libres sabiendo que están armados es incumplimiento del deber».
