Una semana después de que AstraZeneca anunciara la suspensión de la comercialización de su vacuna contra el Covid-19 en Europa, una demanda individual fue presentada en la Justicia Federal de Río Cuarto contra la farmacéutica y la ANMAT.
La demandante, una mujer de la localidad de Coronel Moldes, reclamó 100 millones de pesos, aduciendo que la vacuna le causó una reacción adversa que la dejó incapacitada para trabajar, siendo diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.
En respuesta a la demanda, AstraZeneca emitió un comunicado en el que, a pesar de no hacer comentarios específicos sobre el litigio, expresó su solidaridad con quienes experimentaron problemas de salud relacionados con la vacuna. La compañía reiteró su compromiso con la seguridad del paciente y destacó los estándares regulatorios rigurosos para garantizar el uso seguro de sus productos.
Según el comunicado, «Desde AstraZeneca no realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad y las autoridades reguladoras cuentan con estándares claros y estrictos para garantizar el uso seguro de todos los medicamentos, incluidas las vacunas».
A partir del conjunto de pruebas obtenidas en ensayos clínicos y datos del mundo real, se ha demostrado continuamente que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y los reguladores afirman sistemáticamente que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros”, continúa la farmacéutica.
“Según estimaciones independientes, se salvaron más de 6.500 millones de vidas mundialmente en el primer año de uso de la vacuna y se suministraron más de tres mil millones de dosis en todo el mundo, impactando positivamente en el control y manejo de la pandemia”, finaliza el comunicado.
La demandante, Flavia Ochoa, compartió su angustia, describiendo cómo su vida cambió drásticamente después de experimentar los efectos secundarios de la vacuna. Relató que, tras recibir la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca, comenzó a experimentar calambres intensos y debilidad en las piernas, lo que finalmente resultó en el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. Según sus palabras, «Ahora hago pocos pasos con andadores. Dependo todo el tiempo de los demás».
Flavia Ochoa demandó tanto a AstraZeneca como al Estado argentino, reclamando una compensación de más de 100 millones de pesos por diversos concepto: $ 7,4 millones (incapacidad sobreviviente); fondo de reparación Ley 27.573 ($ 25,3 millones); proyecto de vida-pérdida de chance ($ 9,3 millones); daño moral ($ 7,5 millones); daño moral de la pareja ($ 1,5 millones); daño punitivo ($ 49,5 millones), y daño emergente ($ 180 mil).
Según los informes, la demanda busca garantizar el acceso continuo al tratamiento médico necesario para su condición. En sus palabras, «Curarme, no me voy a curarme. Quiero un aval para el tratamiento y vivir».
Paralelamente al desarrollo legal, la vacuna de AstraZeneca comenzó a ser retirada del mercado después de que la empresa admitiera posibles efectos secundarios y la Comisión Europea revocara su autorización de uso. El caso de Flavia Ochoa generó amplia atención nacional debido a la magnitud de la demanda y las implicaciones sobre la seguridad de la vacuna.
