La Legislatura de Córdoba adhirió de manera oficial a la resolución 467/2024 de la Secretaría General de la Gobernación, en la que se estableció la obligatoriedad, al igual que en el Poder Ejecutivo, de un narcotest para todos los legisladores. De esta forma, con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se estableció que “en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba debe ser obligatorio la presentación del examen toxicológico previsto en el Título II de la Ley N° 10.954 y su decreto reglamentario N° 181/2024”.
Esta disposición había sido planteada por el gobernador Martín Llaryora en la campaña y, luego, reiterada en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura con el alcance no sólo para Gobernador y Vice, sino también para ministros, directores, subdirectores y secretarios, además de los tribunos de cuentas y los legisladores. Lo que se conoció de manera oficial ayer fue justamente la adhesión a esta normativa provincial por parte de la Unicameral.
“Ley provincial número 10.954 establece en su artículo 66 la obligación de presentar anualmente certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales respecto de las personas que desempeñen funciones por elección popular, Gobernador, Vicegobernador, legisladores y tribunos de cuenta, ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía”, se precisó en la resolución.
De acuerdo con esta normativa, los funcionarios deben presentar los certificados de manera anual y antes del 31 de marzo del año en curso “al área de capital humano a la que corresponda cada jurisdicción o a través de los medios digitales que se determinen”.
A comienzos de julio último, el Gobierno provincial informó que el gobernador Llaryora había concurrido al Hospital San Roque para someterse a un análisis de laboratorio, de acuerdo con la normativa, el que permite estudiar en las personas la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina. El estudio que se realizó Llaryora fue justamente en cumplimiento de la ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, que había sido promulgada el 26 de abril.
