Cada 30 de julio desde 2013, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) dieron a conocer estadísticas y estrategias de intervención en la Argentina, mientras el país está inmerso en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.
Fueron la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los Estados miembro que, a través de una resolución específica, concluyeron que cada 30 de julio se conmemore el Día Mundial contra la Trata de Personas con la idea de «concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, así como también para promocionar y proteger sus derechos».
Ese mismo año, el MPF creó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para abarcar «desde la realización de investigaciones preliminares propias; la colaboración en los expedientes de otras fiscalías y/o juzgados; el registro de las investigaciones y de las estadísticas en la materia a nivel nacional; el dictado de capacitaciones y seminarios nacionales e internacionales a organismos públicos y privados; y la representación de MPF en diferentes foros regionales e internacionales».
Según datos de la PROTEX, desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se iniciaron más de 3.700 investigaciones preliminares y se trabajó, además, en más de 16.600 denuncias recibidas a través de la línea 145.
Estas investigaciones permitieron lograr 490 sentencias en el fuero federal, en las que 976 personas fueron condenadas.
«De los 976 condenados, el 77,3% son argentinos y la mayoría varones. En cuanto a las 2.305 víctimas, el 78,6% son mujeres, un 20,9% varones y un 0,5% personas trans», detalla el informe.
A su vez, destacan que, de las 490 sentencias relevadas, el 74,3% fue por explotación sexual y el 24,5% por explotación laboral.
Desde la PROTEX sostienen que hubo «un impacto positivo de las numerosas medidas adoptadas a lo largo de los años, especialmente en la sensibilización pública y la capacitación de operadores judiciales y de las fuerzas de seguridad».
Asimismo, señalan que los avances en la identificación temprana de víctimas y en la coordinación interinstitucional a nivel nacional y provincial permitieron que se logren mejores resultados.
«Se sigue propugnando la investigación de la corrupción facilitadora de la trata de personas y la realización de oportunas y eficientes investigaciones patrimoniales con miras a efectivizar las reparaciones económicas a las víctimas», explican.
Por último, destacan que se facilitó la articulación de políticas públicas y la implementación de estrategias integrales, «permitiendo la identificación de retos en la asignación de recursos y en la homogeneización de prácticas entre provincias con realidades diversas».
