La Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (CLISA), integrante del Grupo Roggio, no pagó los servicios derivados de obligaciones negociables, por lo que inicio tratativas con los acreedores.
La empresa lo comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La presentación la realizó Mariano Peterlin, en su carácter de responsable de relaciones con el mercado.
La decisión genera preocupación en la city porteña por temor a que las dificultades para cumplir con las deudas se extiendan a otras compañías. La firma indicó que no se hizo el pago «de los intereses correspondientes al período que comenzó el 25 de enero de 2024 y finaliza el 25 de julio de 2024».
El contrato de fideicomiso establece un plazo de 30 días, contado a partir del día de la fecha, para el cumplimiento del pago de los intereses.
Los intereses derivan de obligaciones negociables emitidas en 2021 a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027, cuyo valor nominal total en circulación actualmente asciende a US$ 358,050 millones.
En la presentación se indica que la empresa «está en conversaciones con grandes tenedores que representan la mayoría del capital» de las obligaciones negociables en circulación, para «una posible modificación de los términos y condiciones de las mismas que le permita atender adecuadamente sus compromisos en un contexto complejo para las actividades que desarrolla».
La empresa quedó complicada por la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública.
El Gobierno frenó los trabajos y avanza en un programa de transferencia a las provincias, pero tampoco estas administraciones reinician las obras inmediatamente.
La Cámara de la Construcción (Camarco) estima que la deuda total acumulada es de unos $400.000 millones, de los que alrededor de $250.000 millones está facturado y el resto está sujeto a procesos no concluidos de determinación de precios.
CLISA, al presentar el resultado financiero del primer trimestre, advirtió a la CNV sobre la «fuerte caída de la actividad económica» que convivía con «altos niveles de inflación», así como «una alta volatilidad en las demás variables de la economía, lo que ha impactado significativamente en las cifras de los presentes estados financieros».
Al 31 de marzo registraba pérdidas que «la encuadran en la causal contemplada en el artículo 94 inciso 5° de la ley 19.550″, indicó.
Ese punto establece que la sociedad se disuelve por pérdida del capital social.
La compañía señaló que el Estado Nacional «está avanzando con un drástico plan de ajuste fiscal, basado en una disminución del gasto público y un aumento en la carga impositiva».
Señaló que ese plan «incluye una significativa disminución en la ejecución de obras públicas, incluso proyectos que ya están en curso».
Indicó además que las características del sistema tributario argentino han hecho que las provincias y municipios también se vean afectados por el ajuste fiscal a nivel nacional», agrega ese documento.
