La situación de los trabajadores de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) tuvo un nuevo capítulo de protesta en Córdoba. Este jueves, desde las 10, ATE y la CTA Autónoma encabezaron una jornada de lucha frente a la Fundación Mediterránea, con una movilización, radio abierta y olla popular para visibilizar el impacto laboral y sanitario de la reestructuración del organismo.
El reclamo central apunta a 450 puestos de trabajo en riesgo en Córdoba, según la estimación de ATE, y exige la intervención de diputados y senadores nacionales por la provincia ante el Ministerio de Defensa. El sindicato busca frenar las desvinculaciones previstas para el 30 de noviembre y obtener garantías de continuidad laboral para las familias afectadas.
La protesta se suma a las gestiones que el Consejo Directivo Provincial de ATE inició ante representantes legislativos e intendentes de las localidades donde funcionan los establecimientos turísticos de la obra social.
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Los complejos turísticos y las dependencias afectadas
El proceso de reorganización alcanza a siete establecimientos turísticos de Córdoba: el Hotel Estancia Golf de Ascochinga, la Residencia Serrana de La Falda, la Residencia de Cosquín, el Hotel Costanera de Cosquín, la Hostería de Villa General Belgrano, el Parador Almirante Brown de Villa del Dique y la Colonia Miraflores de Santa Rosa de Calamuchita.
A estos espacios se suman las tres farmacias propias de la ciudad de Córdoba, que ya cerraron, además de subdelegaciones, centros de auditoría y establecimientos médicos. Entre los cierres denunciados por el gremio figuran la subdelegación de Jesús María y el Centro Médico Santa Rita.
ATE advirtió que el traspaso de los complejos a las Fuerzas Armadas podría implicar el reemplazo de trabajadores civiles por personal militar y soldados voluntarios. La organización también señaló que numerosas familias viven dentro de los establecimientos y podrían perder simultáneamente sus empleos y sus viviendas.
El impacto económico, según el sindicato, también alcanzaría a localidades de Punilla, Sierras Chicas y Calamuchita, donde la actividad de estos complejos genera movimiento para comercios, remises, proveedores y prestadores turísticos.
Las voces de la jornada: PAMI y la unidad sindical
Durante la movilización también participaron representantes de otros sectores gremiales, que vincularon el conflicto de IOSFA con el deterioro de los servicios públicos y las condiciones laborales.
Carolina Roldán, delegada de ATE PAMI, advirtió sobre la reducción de prestaciones y personal en el organismo. También recordó la resistencia organizada que permitió frenar un intento de privatización de PAMI durante los años 90, con participación de trabajadores, jubilados y la comunidad.
«Después de 30 años estamos en una situación muy crítica. Lo que pasa en PAMI, cada uno de ustedes puede vivirlo con sus familiares, con sus abuelos, sus vecinos: cada vez tienen menos prestaciones, van de aquí para allá», expresó.
Por su parte, Agustín Bertone, secretario de Acción Social, destacó la presencia de distintos gremios y organizaciones en la protesta. «Creemos que la única forma de enfrentar este gobierno es juntos», sostuvo, y llamó a fortalecer la unidad sindical.
El dirigente también se refirió a las dificultades que atraviesan los barrios y los trabajadores, tanto quienes tienen empleo como quienes no cuentan con una ocupación digna.
En tanto, Soledad Andrea Aliendro agradeció la participación de los manifestantes y convocó a sostener el reclamo. «A no bajar los brazos y a seguir en esta lucha», expresó.
Qué pide ATE a los legisladores cordobeses
El gremio reclama la suspensión de las desvinculaciones previstas para el 30 de noviembre hasta que exista una propuesta concreta de continuidad laboral o una salida justa para los afectados.
Entre sus principales pedidos figuran la reubicación de los trabajadores en la nueva OSFA u otros organismos estatales, el respeto por la antigüedad y las categorías, el pago de las indemnizaciones correspondientes y una solución habitacional para las familias que residen en los complejos.
También solicita una mesa de diálogo con participación de ATE, los trabajadores, el Ministerio de Defensa, la Provincia y los municipios involucrados.
El planteo incluye, además, garantías para los aproximadamente 320.000 afiliados que tenía IOSFA, con continuidad de farmacias, delegaciones y centros de atención en el interior del país.
