Continúa la lucha de poderes que tuvo su punto más álgido el pasado jueves, cuando la AFA omitió el fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ) y llevó adelante la Asamblea en la que fue reelegido Claudio Tapia. Para el Gobierno, fue una mojada de oreja. Sobre todo, porque en el recinto del predio Lionel Andrés Messi se encontraban los veedores del organismo que depende del Ministerio de Justicia.
La guerra, está claro, no terminará en los aplausos de los dirigentes que volvieron a ungir a “Chiqui” como presidente hasta 2028. La administración de Javier Milei prepara un feroz contraataque que tocará el órgano más sensible: la caja de Viamonte 1366.
Según adelantó el periodista Daniel Avellaneda, hoy en el Boletín Oficial se publicará la derogación del DNU 510/2023 que firmó Alberto Fernández hace un año y que restituyó el polémico decreto 1212 que incluía beneficios fiscales para los clubes del fútbol argentino. El mismo que había volteado Mauricio Macri en 2019, unos meses antes de perder las elecciones a manos del candidato del entonces Frente de Todos.
Se trata de un duro golpe a las cuentas de las instituciones que, a través de este régimen especial, evitaban pagar percepciones y retenciones de seguridad social mensualmente, lo que les permitía financiarse. Cuando Macri canceló este decreto, hubo además un salto en las alícuotas impositivas del 7 al 7,25% sobre venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación.
Entre los dirigentes hay preocupación por este tema. Entre futbolistas, técnicos, cuerpos médicos y auxiliares de los planteles, los clubes casi no pagaban aportes y contribuciones (PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Sistema Previsional y Asignaciones Familiares) sobre 23.000 contratos registrados por la ahora ex AFIP. Ahora, tendrían que pagar como cualquier empresa. “Nos rompe en mil pedazos”, comentó un directivo. Los clubes, de cualquier modo, tendrían seis meses para adecuarse porque ahora mismo les hará un agujero en sus arcas.
