Luego del crimen de Aralí Vivas en Brinkmann y de que dos profesionales de una residencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) fueran acusados de abuso sexual, el legislador de la Unión Cívica Radical, Mauricio Jaimes reclamó la renuncia de la titular del organismo, Julia Rearte.
En la misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) redobló la apuesta y pidió también la expulsión de la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, mientras que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) responsabilizó a las autoridades provinciales por “la tragedia” ocurrida y por cualquier daño que sufran los trabajadores del área.
Por su parte, Jaimes afirmó que “Senaf no funciona, nunca funcionó” y destacó la necesidad de una “reestructuración completa” del organismo. En ese marco, contó que presentó un pedido en la Legislatura para abordar esta problemática y señaló: “Es imposible que haya una reestructuración completa si no se aparta del cargo a la secretaria Julia Reartes”.
Al mismo tiempo, criticó la falta de capacitación del personal de Senaf. “La secretaria de la Senaf dijo que un 40% de los empleados está en condiciones para el cargo, lo que implica que más de la mitad no está preparado para atender a niños y adolescentes”, añadió.
En la misma línea, desde ATE emitieron un comunicado en el que señalaron: “Los sucesos vienen en escalada y están asociados a la política implementada por el Gobierno provincial, cuyo eje se centra en la falta de presupuesto y precarización en todas las áreas, prevención y penal juvenil”. Y agregaron, en relación a Montero y Rearte: “Solicitamos que renuncien a su cargo por incapacidad e irresponsabilidad para manejar el ministerio y la secretaría”.
A su vez, ATE reiteró el pedido de intervención de parte de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Córdoba, a cargo de Amelia López. “Las únicas responsables son las autoridades”, aseguraron.
Finalmente, desde el SEP denunciaron que las “únicas responsables de la tragedia acontecida y de cualquier perjuicio que puedan sufrir las y los trabajadores del área”, por lo que deben brindar “garantías a la integridad física y psicológica de las y los trabajadores del Complejo Esperanza, UDER y Residencias tanto de capital e interior”. Asimismo, expresaron su solidaridad y respaldo con los trabajadores “que vienen sosteniendo la protección integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias”.
