La conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) estuvo marcada por la tensión con el gobierno de Javier Milei, quien envió a un funcionario de segunda línea a defender las medidas. Allí, el vicepresidente de la UIA, Martín Rappallini, exigió: “Queremos que nos respeten. No es contra nosotros, es con nosotros”. En tanto, el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, reclamó al Gobierno mayor escucha y agregó: “No pedimos privilegios ni concesiones, sino corregir las distorsiones”.
“No queremos que nos protejan, queremos competir, pero es necesaria igualdad de condiciones”, afirmó Rappallini. “Nosotros competimos con el mundo, con países con otras reglas y otras condiciones, no pedimos privilegios, no queremos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir y es ante la falta de igualdad que necesitamos defendernos de los países que atacan con subsidios y que no cumplen con las reglas de juego internacionales”, continuó el ejecutivo.
“Escuchamos ataques injustos al empresariado nacional. Somos los que generamos empleo, y pagamos impuestos, queremos respeto, como en los otros países. Aportamos el 30% de la recaudación y el sector es el motor del crecimiento”, reclamó Rappallini.
En tanto, Funes de Rioja destacó como uno de los principales problemas en la región la informalidad y pidió “más justa y equitativa”. Asimismo, advirtió que la Argentina “no debe pasar de un extremo a otro”, sin escalas, al defender la necesidad de que el cambio de modelo económico se realice en forma paulatina y destacó el rol de las pymes industriales en el desarrollo nacional. “No pedimos privilegios ni concesiones, sino corregir las distorsiones. También queremos empleabilidad”, señaló.
La respuesta oficial llegó del secretario coordinador de Producción, Juan Pazo, el único enviado del gobierno al encuentro. Pazo se mostró firme en la defensa de la política de Milei y repasó los datos de la herencia recibida por el gobierno, para pasar luego a afirmar que para la Casa Rosada la mejor política industrial es la política monetaria.
Rappallini y Funes le insistieron en que, a contramano de Argentina, el mundo está aplicando medidas proteccionistas, a lo que Pazo respondió que el gobierno cree en la apertura y afirmó que es imposible que las empresas quiebren si hay apertura. “Hay muchas empresas que van a tener que transformarse”, desafió luego.
El único aviso favorable que llevó Pazo a la reunión de la UIA fue el anuncio de que el Gobierno enviará esta semana un proyecto de ley para la promoción de inversiones y empleo, una suerte de RIGI industrial que incluye el capítulo laboral de la Ley Bases que frenó la Justicia.
