En noviembre pasado, la capacidad de compra del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) cayó hasta representar apenas el 65,10% del costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y un 28,68% de la Canasta Básica Total (CBT) que debe afrontar una familia tipo en Córdoba. Los datos se desprenden del último informe de “Poder Adquisitivo del Salario” de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.
Según la última actualización del Consejo del Salario, el SMVM fue fijado para noviembre de 2024 en $ 271.571. En tanto, el valor de la CBA del mismo mes alcanzó los $ 417.167.
Respecto de la CBT, que incluye otros gastos de carácter no alimentario de una familia, para el mismo mes se ubicó en $ 946.969. En este caso, el SMVM representó un 28,68%, según indicó la Defensoría de la Provincia.
“La pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil es una clara muestra de lo atrasados que han quedado los ingresos de la población, lo que se ve reflejado en los niveles de consumo”, señaló Carlos Galoppo, Defensor Adjunto del organismo.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, en los últimos cinco años, “la pérdida de poder adquisitivo del SMVM ha sido realmente importante”. “En dicho lapso, la CBA se incrementó un 2915,94%, mientras que el indicador salarial oficial lo hizo un 1509,31%”, explicaron.
Y detallaron: “De hecho, en noviembre de 2019, el SMVM alcanzaba con creces para cubrir las necesidades alimentarias de un hogar tipo. En aquel entonces, estaba fijado en $ 16.875, con una CBA que demandaba $ 13.832”.
Finalmente, desde la defensoría explicaron que en el último año, ese deterioro incluso “se ha profundizado: el SMVM se ajustó un 86,01%% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2024, mientras que la CBA se encareció un 154,72%. En el mismo lapso, la CBT aumentó todavía más: el 168,94%”.
En otro orden, ayer Galoppo y la vicegobernadora Myrian Prunotto firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para implementar planes y programas orientados al beneficio de la comunidad. El convenio busca fortalecer la inclusión social, el género, el medioambiente y la promoción de los derechos humanos a través de una serie de acciones conjuntas, según informaron desde la Unicameral.
