Desde que el municipio de Villa Allende hizo el anuncio oficial de un nuevo proyecto de seguridad que, de aprobarse, restringiría la circulación durante la madrugada, los dirigentes políticos del corredor mantuvieron su mirada atenta no sólo atraídos por lo innovador, sino también anticipándose a diagnósticos de impactos que podrían sentir en sus propias jurisdicciones. La mayoría coincidió en advertir la falta de un análisis integral antes de la implementación.
Ese municipio, pegado a esta Capital, busca controlar la circulación de personas y vehículos para reducir posibles delitos. Será, según se proponen, con un trabajo mancomunado entre Seguridad Ciudadana municipal y la Policía provincial, más el control por cámaras de seguridad e identificación de patentes.
El próximo miércoles habrá una sesión en el Concejo Deliberante donde se expondrán mayores detalles sobre el proyecto. La iniciativa requiere, para ponerse en marcha, de una adhesión superior al 40% entre los vecinos en una consulta popular que se haría luego de la deliberación. Con menos, no avanzaría, reveló en un informe el diario La Voz del Interior. En caso de contar con este mínimo de aprobación de los vecinos, el sistema se implementaría desde febrero.
La opinión de los intendentes de Sierras Chicas
Pablo Cornet, intendente de Villa Allende, cuando anunció públicamente el proyecto se comunicó con Carolina Cristori, intendenta de Saldán, para pedirle que se sume a la propuesta siendo ciudades unidas en su trazado, pero no hubo acuerdo.
En Mendiolaza, el secretario de Gobierno Alejandro Medrano fue cauto y afirmó que se trata de un tema complejo. “Cada localidad tiene una planificación urbana para abordar el tema de la inseguridad que no siempre coincide con la vecina. Seguramente hay un estudio de su viabilidad en Villa Allende, de acuerdo a las necesidades, insisto, de esa localidad”, dijo Medrano.
Explicó además que desde Mendiolaza trabajan en integrar barrios abiertos y cerrados para que todos se sientan seguros, creando espacios verdes iluminados, con un centro de monitoreo y articulando con su propia guardia urbana y la Policía de Córdoba.
Desde Unquillo, el intendente Guillermo Valli tampoco quiso brindar mayores declaraciones al respecto pero si afirmó que medidas similares a las que ensaya Villa Allende con este proyecto no serán tomadas por ellos.
Fernando Rambaldi, intendente de La Calera, evaluó que todo proyecto que apunte a resguardar la seguridad de los vecinos es válido siempre y cuando esté dentro de la ley. “Entiendo que la Municipalidad de Villa Allende ha estudiado el mapa del delito y decidió tomar esta decisión. Además se hace previa consulta con los vecinos, lo cual legítima más la acción”, dijo.
La ciudad de Córdoba es la vecina mayor de Villa Allende. Desde la Municipalidad de la Capital una fuente opinó: “Villa Allende forma parte del Área Metropolitana de Córdoba y es mucho más la población que se desplaza desde la Villa hacia la Capital para trabajar, estudiar, acceder a centros de salud, predios deportivos y recreativos, servicios, etcétera, que a la inversa. Presuponer que la inseguridad proviene de delincuentes que se desplazan desde localidades vecinas hacia Villa Allende para delinquir y regresar no parece estar fundado en datos o en un diagnóstico integral”. Además, consideran que es importante que se analicen los posibles impactos tanto positivos como negativos para la convivencia ciudadana.
En tanto, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, explicó que cada localidad tiene autonomía en su jurisdicción para aplicar medidas preventivas. “No sé qué estudio habrán hecho para definir que cortando las calles disminuye el delito. Los vecinos decidirán si están de acuerdo o no”, declaró.
Programa de seguridad vecinal
La propuesta de Villa Allende surge inicialmente en 2010 desde un grupo de vecinos de barrios Cóndor Alto y Golf, que se acercaron a la Municipalidad para disponer de una alternativa para hacer frente a la inseguridad en aquellos sectores.
Uno de los argumentos principales que presentaron la idea era el problema que tenían con el límite con Mendiolaza. Fundamentaban que muchas personas cometían delitos y huían hacia la jurisdicción del municipio colindante.
Luego de varios años, la nueva gestión de Pablo Cornet (que asumió hace un año la intendencia) le quitó el polvo al proyecto y planea ahora su pronta ejecución. El objetivo es lograr un control total del ingreso y egreso de personas a la ciudad, identificarlas, recuperar información de patentes y localizar el delito.
La Municipalidad explicó que, en una primera etapa, se iniciará en los barrios con mayor vulnerabilidad y casos de inseguridad. Estos son: Pan de Azúcar, Lomas Sur, El Ceibo, San Alfonso, Jardín de Epicuro, La Cruz, Villa Allende Parque y La Amalia.
Analizaron y diagramaron el plan según las posibles vías de escape de los delincuentes. Muchos barrios cuentan con garitas y seguridad privada que abonan particularmente los vecinos de allí. En los primeros debates, la villa analizaba la opción de implementar ese tipo de sistema en todos los barrios pero la descartaron porque se trataba de una idea muy costosa.
Felipe Crespo, secretario de Gobierno de Villa Allende, contó que estuvieron recorriendo distintos barrios, llevando información sobre la propuesta en un trabajo en conjunto con los líderes vecinales. Se reunieron en escuelas y espacios comunitarios para dialogar con los vecinos. Explicó que en esos primeros sondeos, la opinión de la comunidad fue positiva. Pero denunció la intención de la oposición de deslegitimar la iniciativa difundiendo “diagnósticos errados”.
“Notamos que hay una fuerte demanda de viviendas en barrios privados de la localidad. Eso nos lleva a pensar que no se sienten seguros en la ciudad”, dijo Crespo.
Planean incorporar nuevas cámaras de seguridad, redes de fibra óptica, domos de la Policía, entre otros recursos de control. Actualmente cuentan con 120 cámaras y esperan incorporar unas 130 más.
Los gastos que requiera la implementación del nuevo sistema de seguridad serán abonados con una tasa extraordinaria por los vecinos. Estiman que rondaría entre los cinco mil y ocho mil pesos por mes.
Para el registro de oposición (la consulta previa a la implementación), pretenden convocar a los vecinos por medio del sistema de Ciudadano Digital (Cidi).
Debate en el Concejo Deliberante
Julio Loza, concejal opositor del partido Elegí Villa Allende, sostuvo: “Creo que es inconstitucional la propuesta. No tiene ningún fundamento cerrar las calles e impedir la circulación de la gente. Hay que ver que se cumpla que los ciudadanos se expresen con respecto a la propuesta. Tiene que ser una notificación que le llegue a los vecinos individualmente, y no por CIDI”.
Por otra parte, Máximo Mansilla, concejal oficialista del PRO, dijo: “El proyecto es necesario y oportuno con respecto a la inseguridad. Los vecinos van a aceptar si quieren implementarlo en su barrio. El programa tendría éxito basado en este pilar. Ha tenido mucha polémica porque se ha tergiversado el tema”.
Marta Banegas, edila de Elegí Villa Allende, consideró que “los barrios son en su mayoría de clases trabajadoras y ellos van a tener que abonar el costo de esta medida. Además, se hace una segregación de la sociedad. No estoy de acuerdo”.
