Al abrir el 147 período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Martín Llaryora anunció importantes medidas fiscales que el Gobierno de Córdoba pondrá en marcha durante el ejercicio 2025.
Las acciones que implementará la Provincia están orientadas a potenciar el desarrollo de la industria y el comercio y van en la misma línea de los beneficios anunciados recientemente para el sector agropecuario.
Llaryora definió estas medidas como “parte de un modelo de gestión que sostiene el equilibrio entre la libre economía de mercado y la intervención estatal, que nos permite acompañar, en el ámbito fiscal, a sectores en crisis, afectados por factores climáticos, precios internacionales y las malditas retenciones”.
Al mismo tiempo, destacó que Córdoba es “una de las provincias de menor presión fiscal. Tenemos una de la alícuota promedio de Ingresos Brutos más baja entre provincias comparables. Y somos la segunda provincia que más bajó la presión tributaria desde 2017 a la fecha”.
Las medidas
El Gobierno de Córdoba, en conjunto con la Unión Industrial de Córdoba, acordaron elevar el mínimo no imponible, de manera que todas las empresas industriales que hayan facturado menos de 2.513 millones de pesos no tributen Ingresos Brutos.
De esta manera, “casi la totalidad de las pequeñas empresas están exentas del pago de Ingresos Brutos”, afirmó Llaryora.
Al mismo tiempo, el gobernador confirmó que acordó con la Cámara de Comercio de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba el beneficio del diferimiento en el pago del impuesto inmobiliario urbano para comercios e industrias de toda la provincia, medida que ya rige también para el sector agropecuario.
El gobernador reafirmó el compromiso por sostener la promoción industrial, a través de beneficios como el no pago de sellos, ingresos brutos e inmobiliario urbano, que solo en 2024 implicaron un esfuerzo fiscal de 106 mil millones de pesos.
Además, Llaryora recordó que la Provincia eliminó el impuesto a la Mera Compra, sostiene la alícuota del cero por ciento en los Ingresos Brutos para la producción agrícola y exime del impuesto inmobiliario rural a las zonas rojas establecidas por la ley de bosques, entre otras medidas.
