El gobierno nacional salió a redoblar la apuesta ayer luego de los graves incidentes ocurridos el miércoles en la protesta de los jubilados, que derivó en una feroz represión: no sólo justificó la violencia estatal, sino que calificó como «un golpe de Estado» a la movilización en el Congreso -que estuvo acompañada de gremios e hinchadas de fútbol- y cruzó a la Justicia por liberar a los detenidos.
«Esta marcha estaba totalmente organizada al grito de ´Que se vayan todos´, que lo que se pretende es una especie de golpe de Estado«, aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al brindar las primeras explicaciones oficiales, donde consideró que el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo por parte de las fuerzas de seguridad «fue un accidente no previsto«.
«Hay grupos de la política que intentan desestabilizar al Gobierno que viene dando señales de mejoramiento de la economía desastrosa que dejaron años de gobierno kirchnerista«, agregó el funcionario, quien aseguró que «se les ocurrió la original idea de poner barrabravas a tratar de defender derechos de los jubilados y eso generó los disturbios que vimos, la utilización de la violencia como instrumento y posteriormente, la respuesta de la fuerza de seguridad». Además, definió que «la represión policial es lo que corresponde para mantener el orden».
«Cuando se hagan este tipo de manifestaciones van a ser reprimidos de la manera que corresponde. Hay un protocolo que dice cómo debe manifestarse la gente, no pueden empezar a piedrazos rompiendo todo, dejando un tendal de daños en la ciudad para hacer una manifestación», advirtió Francos, quien calificó de «injustificable» la decisión de la jueza porteña Karina Giselle Andrade de ordenar la liberación de los detenidos durante la protesta.
También repudió a la jueza el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien lamentó que la Justicia «de la puerta giratoria» es «responsable directa de la inseguridad en la Argentina». «Los barrasbravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad«, expresó el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona en X, donde adelantó que «se analizará su actuación (en referencia a la jueza) ante el Consejo de la Magistratura de Caba por posible incumplimiento de sus funciones». A ciencia cierta, sólo 5 de los más de 120 detenidos fueron identificados como barrabravas.
Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía.
No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda…
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) March 13, 2025
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, remarcó en sus redes que los manifestantes «no fueron a defender derechos, fueron a romper todo, armados hasta los dientes para generar caos y el nivel de violencia«.»Denunciaremos penalmente a todos los responsables; pediremos la expulsión inmediata de los extranjeros detenidos; actuaremos contra la jueza que liberó por Whatsapp a violentos con antecedentes penales, violando la Ley de Reiterancia y llevaremos al Congreso la Ley Antibarras para que la mafia del fútbol se termina acá», enumeró Bullrich sobre las próximas acciones del Gobierno.
Bullrich sobre el fotógrafo en estado crítico: «Es consecuencia de los que generan violencia»
Villarruel se desmarca
La vicepresidenta Victoria Villarruel se solidarizó con los heridos en las manifestaciones del Congreso y se desmarcó de la posición del Gobierno al reivindicar el derecho a la protesta. «Como abogada, siempre considero que ante cualquier hecho tan difícil como el que ocurrió ayer a las puertas del Congreso de la Nación tiene que expedirse la Justicia«, afirmó Villarruel, quien al ser consultada si la marcha «busca desestabilizar al Gobierno» fue tajante y dijo que no. «Simplemente creo que es el ejercicio de la democracia, pero la violencia no es una herramienta para manifestarse ni para defender ninguna causa», agregó.
Liberaron a la mayoría de los detenidos: sólo 5 eran barras
La jueza Karina Andrade ordenó en la madrugada de ayer la liberación de 114 de los detenidos durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en la tarde del miércoles frente al Congreso Nacional. En el fallo, que incluyó fuertes cuestionamientos al operativo policial, la magistrada señaló que “a medida que se informaban las detenciones, la información se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial”.
“Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención”, además de que tampoco se informaba en relación a “qué delito específico se estaba convalidando la detención”, marcó la jueza, que además destacó la necesidad de “enmarcar el caso dentro de las exigencias constitucionales y convencionales”, dado que “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”.
“Estas libertades adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa (se ‘moviliza’) en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores. Desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente”, agregó la magistrada. Algunos datos conocidos a lo largo de las horas resultan elocuentes respecto al operativo de seguridad: por ejemplo, la propia Policía porteña informó que de los más de 100 detenidos solo cinco eran barrabravas; a la vez que se conoció la detención de dos chicos de 12 y 14 años, quienes fueron apresados al salir del colegio en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.
Piden investigar si hubo casos de “violencia institucional”
El fiscal Alfredo Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, pidió que se investigue la actuación de la policía durante la represión del miércoles en las inmediaciones del Congreso.
Puntualmente, solicitó determinar si hubo responsabilidad de las fuerzas de seguridad en los hechos que sufrieron la jubilada Beatriz Bianco, de 87 años, que fue empujada por un agente y se golpeó la cabeza contra el piso, y el fotógrafo Pablo Grillo, que está internado en grave estado por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza. En los dos casos, el fiscal dijo que podría estarse ante “delitos de acción pública” y que, por eso, remitía sus denuncias “a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, para que, mediante el sorteo de práctica, se desinsacule el Juzgado y Fiscalía que deberá intervenir y evaluar, en el marco de sus competencias legales, el inicio de una investigación penal”.
Los dos casos quedaron radicados, por sorteo, en el juzgado de instrucción 30 y en la fiscalía 11. En sus denuncias, Gentili recomendó una serie de medidas de prueba que incluyen que se pidan a los medios de comunicación las imágenes que pudieran tener de los hechos y que se les tome “declaración testimonial” tanto a Bianco como a Grillo, si sus estados de salud lo permiten, así como a otras personas que puedan aportar información sobre lo sucedido.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la represión oficial ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde aseveró que «la Policía cometió delitos graves»: “uso descontrolado de armas”, ataques a personas mayores y “detenciones sin pruebas”.
El organismo advirtió que todo el operativo debe ser investigado para identificar a los autores materiales de los delitos y establecer las responsabilidades de las autoridades. «Nadie está acusado de atentar contra la vida democrática, que sí se afecta al impedir las protestas», indicó el CELS, que consideró que el Gobierno “resucita la narrativa del golpe de estado” para justificar “una represión feroz y una escalada de violencia que empezó con las amenazas de la Ministra Bullrich de reprimir a los participantes luego que hinchas de distintos clubes de fútbol se convocaran en solidaridad con los adultos mayores que cada miércoles reclaman en el Congreso por mejoras en la jubilaciones, cuya mínima está por debajo de la indigencia”.
«Las decenas de personas heridas y detenidas son trabajadores de prensa, jubilados, integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales. No hay golpe, hay represión«, indicó el Cels a través de un comunicado donde aclaró: «La protesta es un derecho. La actuación de esta policía es ilegal».
Reporteros Gráficos iniciará “acciones legales” por Grillo
La Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) anticipó que iniciará las «acciones correspondientes» ante el ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo, cuya vida pendía ayer de un hilo tras ser operado de las heridas que le produjo en la cabeza un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por la policía.
Junto a diferentes sindicatos, Argra lamentó «tener que iniciar acciones habiendo advertido» desde «la primera represión» del Gobierno, el 23 de diciembre de 2023, que «esto iba a pasar». «Hoy tenemos un compañero en el hospital peleando por su vida. Grillo fue alumno en Argra en 2018 y lamentamos que la ministra (Patricia) Bullrich, de la que pedimos la renuncia, haya dicho en La Nación+ que Pablo estaba detenido cuando estaba peleando por su vida», agregó la organización, que ayer realizó un “camarazo” en apoyo a Grillo en las inmediaciones del Congreso.
El gremio anunció que iniciará las «acciones legales correspondientes para que no quede impune, dijimos que no queremos otro (José Luis) Cabezas», en referencia al fotógrafo asesinado en 1997. «Somos reporteros gráficos y necesitamos tener libertad de prensa como dice la Constitución, y necesitamos no ser más lastimados», añadieron.
Al respecto, reseñaron que «hace un año y medio estamos hablando con autoridades de Seguridad pidiendo que no nos lastimen más. Evidentemente, no está resultando porque además a la ministra le encanta que pegarle a la gente. Necesitamos saber quién tiró y que directamente se vaya Bullrich«, manifestaron. «También queremos hacer cargo al intendente Jorge Macri por la brutal represión que hubo ayer desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires», agregaron. Vale destacar que el fotorreportero herido es nieto del célebre actor y escritor cordobés Héctor Grillo, una eminencia en la cultura local.
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