La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y gremios de base como ADIUC llevan adelante esta semana un paro total de actividades académicas, de investigación y administrativas en todas las universidades nacionales del país. La medida, que se extiende del 26 al 30 de mayo de 2026, forma parte de un plan de lucha iniciado en marzo y responde a una caída salarial del 40%, al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y a la suspensión de las negociaciones paritarias desde hace dos años.

Un conflicto que se profundiza semana a semana

El plan de lucha siguió una escala progresiva durante el primer cuatrimestre: una semana de paro en marzo, dos en abril y tres en mayo. La medida actual fue definida por el plenario de Secretarios Generales de CONADU, que reúne a 30 gremios de base.

La masiva 4ta Marcha Federal Universitaria, que movilizó a más de un millón de personas, no modificó la postura del Gobierno Nacional. Según los gremios, el Ejecutivo no convocó a paritarias ni ofreció respuestas concretas.

Qué se reclama

Los cuatro ejes del conflicto son:

Una caída del salario docente del 40%, calificada por los gremios como inédita.
El incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso.
La suspensión de las negociaciones paritarias desde hace dos años.
Una política de hostigamiento hacia rectores, sindicatos y el derecho a huelga, según denuncia la dirigencia gremial.

Acciones previstas durante el paro

Durante la semana de cese de actividades, los gremios organizan clases públicas y jornadas de protesta en todas las universidades nacionales, una concentración frente al Palacio Pizzurno para exigir paritarias urgentes y el lanzamiento de una acción digital nacional para extender el debate al entorno virtual. También se realizarán gestiones ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por condiciones laborales de emergencia.

El 5 de junio, ADIUC convocará a un nuevo plenario para evaluar el impacto de las medidas y definir acciones antes del cierre del cuatrimestre.

El deterioro del cuerpo docente

La crisis salarial tiene consecuencias concretas sobre la planta docente. Un profesor con dedicación simple —la más habitual en el sistema— cobra entre $200.000 y $250.000 al ingreso, lo que desalienta la incorporación de nuevos profesionales a la carrera académica.

Además, se registra una salida de docentes formados hacia universidades privadas o fuera del sistema público. La mayoría de los que permanecen debe recurrir al pluriempleo para subsistir, con efecto directo sobre la calidad de la enseñanza y la investigación. Los gremios advierten sobre un corte generacional: la falta de incorporación de jóvenes investigadores compromete el relevo institucional en el mediano y largo plazo.

Leticia Medina, representante de ADIUC, fue contundente al describir la situación en declaraciones a Canal 10: «Las universidades siguen abiertas por el esfuerzo sobrehumano de los docentes e investigadores». Agregó que los docentes modificaron criterios de acreditación para no perjudicar a los estudiantes, aunque advirtió que la situación ya no puede considerarse normal.

Frente legal e internacional

Ante la ausencia de diálogo por parte del Ejecutivo, los gremios trasladaron el reclamo a otros ámbitos. En la Corte Suprema de Justicia se aguarda una resolución de fondo sobre la demanda iniciada por los rectores —con apoyo gremial— por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento. En paralelo, los sindicatos preparan una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar la falta de convocatoria a paritarias y las amenazas al derecho de huelga.

El frente universitario también articula acciones con la Marcha Federal de Salud y trabaja en el lanzamiento de un Frente Educativo para consolidar un reclamo multisectorial. Medina subrayó que el conflicto no está dirigido contra los estudiantes: «Estas medidas no buscan perjudicarlos; peleamos junto a ellos para garantizar el futuro de la universidad pública».