El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció a través de X que decidió suspender el giro de fondos que se estaba realizando a organismos de Derechos Humanos. El recorte cae sobre el presupuesto destinado a 13 organismos de derechos humanos y la administración del predio de la ex ESMA.
La justificación principal tiene que ver con que dichas agrupaciones gastaron «más de $3.000 millones de pesos anuales de los contribuyentes» sin ser «fiscalizados ni supervisados«. Por lo tanto resolvió «iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas«.
La decisión se enmarca en la política de recorte del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei, en medio de la tensión con los organismos de DD.HH., cercanos políticamente al kirchnerismo y partidos de izquierda.
La cartera que dirige Cúneo Libarona disminuyó un 37 % su planta de personal el año pasado, lo que implicó -según el Gobierno- un ahorro mensual de 820 millones de pesos.
A principios de enero, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había advertido que el gobierno de Milei buscaba «cerrar la ex ESMA», luego de que se produjeran despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria que funcionan allí.
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